viernes. 29.03.2024

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que contrajo el ébola cuidando a un misionero infectado, ha recurrido el archivo de la causa que investiga si se incumplió la normativa de seguridad para evitar nuevos casos y ha defendido que la prueba más evidente de que hubo delito fue su propio contagio. Igualmente, el sindicato CSIF, junto a los sindicatos AFEM y SAE, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de instrucción 21 de Madrid que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa, iniciada con una denuncia en octubre de 2014 por médicos del hospital La Paz por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

 

Dice la magistrada que "no resulta debidamente acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un delito contra la seguridad e higiene de los trabajadores". Sostiene que ha quedado demostrado que se dio formación e información a los trabajadores para evitar contagios y que la protección implantada contó "con un nivel de seguridad más elevado que el recomendado por las normas de organismos nacionales e internacionales". Tanto Romero como el sindicato entienden que no se formó adecuadamente a los trabajadores ni se aplicaron correctamente los protocolos de actuación planificados para minimizar los riesgos.

 

En su recurso de reforma subsidiario de apelación, el abogado de Romero, José María Garzón, considera "insuficiente que se afirme que no hay delito por el hecho de no resultar acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios para apreciarlo cuando la prueba más evidente que acredita que sí se produjo el delito" es que la enfermera "fue contagiada del ébola". "Se dice que no existió peligro para la salud pero consideramos que el mero contagio de mi cliente (...) es prueba más que suficiente para acreditar que existió peligro para la salud", precisa. Además, indica que Romero aseguró ante el juez que "no tuvo formación específica para tratar a pacientes infectados de ébola" y que ella como otros profesionales del Carlos III, "sólo recibieron un taller de una hora con nociones básicas sobre el ébola".

 

También denuncia un "defecto en el procedimiento" en tanto en cuanto la juez rechazó que se le practique un nuevo examen forense a Romero, lo que vulnera, a su juicio, el derecho a un proceso con todas las garantías así como el derecho a la tutela judicial efectiva. No es esta la única prueba que demanda, sino que en su recurso el letrado pide que se aporte el libro de registro del Hospital Carlos III de Madrid que se utilizaba para constatar qué profesionales entraban en contacto directo con las personas que portaban el ébola. Así, solicitan a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que aporte evidencias sobre la formación que se ha impartido a los profesionales sanitarios que atendieron a los dos contagiados.

 

Precisamente, CSIF utiliza también este argumento para pedir la reapertura de la causa porque "no puede su señoría entender acreditada la existencia de dicha formación a los trabajadores cuando la Administración no ha aportado las listas de asistentes a dicha formación, las sesiones tan sólo fueron teóricas y voluntarias y, por ello, no fueron impartidas a todos los trabajadores", señala. En esta línea, subraya que "hasta que no se produjo la infección de la auxiliar de enfermería Teresa Romero no se adoptaron medidas de seguridad acordes a la gravedad y riesgo de infección del virus". "Que el riesgo era mitigable no lo decimos nosotros, lo dicen los informes realizados por la Inspección de Trabajo y las declaraciones de las testigos en sede judicial", agrega el escrito. 

Teresa Romero recurre el archivo de la causa sobre el protocolo del ébola