jueves. 28.03.2024

Los dos altos cargos del Sergas investigados primero por prevaricación y ahora también por un total de seis homicidios imprudentes, que son el ex director general de Asistencia Sanitaria del Sergas Félix Ruibal y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, han declarado hoy en el juzgado de instrucción número tres y ratificado su inocencia.

 

Durante las más de tres horas que ha durado la sesión los dos acusados han tenido que responder a las preguntas de la Fiscalía, el abogado de la defensa, los abogados de la acusación popular, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C y el juez Andrés Lago Louro. A la salida del juzgado uno de los investigados, Félix Ruibal, ha defendido una vez más su inocencia, alegando que "en ningún caso fue rechazado el tratamiento de ninguno de los pacientes fallecidos que están siendo investigados".

 

"Venimos de aportar toda la información que poseemos, tanto verbal como documentalmente, dejando probada la actitud diligente del Sergas", ha asegurado Ruibal, actual gerente del área sanitaria de Vigo, que ha asegurado que está "a disposición de la justicia para aportar toda la información que sea necesaria". Tanto Ruibal como González-Criado están acusados de seis homicidios imprudentes por ser responsables de un presunto retraso ilícito al suministrar tratamientos para la hepatitis C, hechos por los que ya habían declarado previamente, aunque acusados tan solo de prevaricación.

 

El propio Sergas ha salido en defensa de sus profesionales y han destacado en una nota de prensa la "contundencia" de las declaraciones de sus dos altos cargos y en la nota se especifica, además, que la autorización de los fármacos para tratar la hepatitis C estuvo basada "estrictamente en criterios clínicos". El Sergas ha puesto en valor el hecho de que Galicia autorizase "en tiempo y forma" 1.137 tratamientos antes de la entrada en vigor del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el Sergas han expresado su deseo de que el procedimiento judicial se resuelva "a la mayor brevedad posible".

 

El gerente, Antonio Fernández-Campa, ha declarado a Efe que en estas comparecencias de hoy se pudo "de una forma clara y concisa acreditar" todo, que las actuaciones fueron rigurosas, que los criterios aplicados fueron los clínicos y que no hubo retraso alguno. Ha mostrado la disposición total a la colaboración con la Justicia, como ya se demostró cuando se remitió toda la información a la Fiscalía, ha refrendado, y ha indicado que la colaboración permitirá demostrar que se actuó "correctamente" y de manera diligente, autorizando el tratamiento en un tiempo muy reducido. Ha recordado, además, que los tiempos judiciales son los que son y que espera que el caso concluya "lo antes posible".

 

Por último, para Quique Costas, portavoz de la Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C, "ha habido prescripciones farmacológicas que, al no ser atendidas, acabaron en muerte en algunos casos". "Espero que en el interrogatorio se hayan puesto en relevo una vez más las contradicciones en las que incurren en sus investigaciones", ha afirmado Costas, que espera que "la realidad sobre lo que sucedió salga a la luz".

 

"Ellos niegan ser la autoridad que toma la decisión administrativa, que no médica, de no dar esos fármacos", ha explicado Costas, que ya expresó tras la entrada en el juzgado de los acusado que "los cargos de los políticos responsables deberían estar vinculados al futuro de este proceso". Los dos altos cargos del Sergas han declarado este miércoles como investigados por homicidio imprudente -ya lo han hecho por prevaricación por el presunto retraso en la dispensación de esos medicamentos- en la muerte de personas con hepatitis C.

Los altos cargos del Sergas investigados defienden su inocencia