El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, ha llamado a declarar, en calidad de testigos, al jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Evaristo Varo, y la médico de la Unidad de Trasplante Hepático del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Alejandra Otero.
En la causa abierta por supuestas irregularidades en el suministro en los tratamientos de hepatitis C en Galicia, siguen investigados por un delito de homicidio imprudente, el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. En principio, los altos cargos del sistema sanitario de la comunidad habían sido llamados a declarar únicamente por un delito administrativo, pero en diciembre de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que amplió los supuestos delitos a uno de homicidio imprudente tras aceptar un recurso del fiscal.
Las nuevas declaraciones de los especialistas, fijadas para este jueves, dan continuación a las realizadas esta misma semana por parte de familiares "de las víctimas mortales que figuran en el sumario, así como pacientes que sufrieron dilaciones exagerademente largas", recuerdan desde la plataforma de afectados gallegos por la Hepatitis C.
Las declaraciones de ambos especialistas, Evaristo Varo, que también es el presidente de Batas Blancas, organización que formuló la primera denuncia ante la Fiscalía que puso en marcha este proceso, y de Alejandra Otero, están previstas para el jueves a las 9:30 horas en el juzgado de la capital gallega. Sin embargo, desde el juzgado compostelano ya se ha avanzado a las partes personadas en la causa que si se mantiene la huelga de Justicia, que hoy cumple la décima jornada laboral consecutiva de huelga indefinida, las citaciones quedarán suspendidas.
La causa, que aún está en la fase de investigación, trata de averiguar si, tal como sostiene fiscal y denuncia la Plataforma, existen indicios de delito en las restricciones impuestas por el Gobierno gallego a los nuevos y costosos fármacos prescritos por hepatólogos a enfermos de hepatitis C y que cumplían los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad.
