viernes. 29.03.2024

La nueva legislación que pretende aprobar la Xunta de reforma del sistema de salud pública implicará una privatización de varios servicios, entre ellos la investigación médica, denunció hoy el portavoz de la plataforma asociativa SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, que afirmó que esa intención constituye una "bomba de relojería".

 

En una conferencia de prensa acompañado de la diputada del BNG Montse Prado y de la dirigente del sindicato CIG María Xosé Abuín, Martín advirtió de que "hay una bomba de relojería importante" en los planes del Sergas, el órgano de gestión del sistema de salud pública, el de la "privatización de la investigación, el desarrollo y la innovación". Martín señaló que la investigación médica, así como la docencia, "deben estar en manos públicas" y opinó que el modelo que pretende desarrollar el PPdeG va a "facilitar y consolidar la penetración de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas y de fondos de inversión". Apuntó que las firmas privada ya han penetrado y hasta "apoderado" de parte del sistema público, pese al "rechazo de los propios investigadores".

 

En su opinión, "si financiamos públicamente esas actividades, si el Sergas pone los recursos" tanto humanos como materiales "el que debe quedarse con el valor añadido" de los resultados de la investigación, la innovación y el desarrollo "es la sanidad pública" y beneficiar a "la salud de los gallegos, no a los intereses de las multinacionales". El representante de la citada asociación muy activa en las denuncias y protestas contra la privatización del sistema público de salud indicó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de "poner el sistema sanitario público al servicio del desarrollo empresarial".

 

Martín indicó que la plataforma asociativa, que integran varios profesionales del sector de la medicina, pide a la Xunta que "retire el proyecto de reforma" legislativa propuesta ante el Parlamento de Galicia y poner en práctica un programa para "recuperar" aquellos servicios afectados por "recortes" presupuestarios o bien que han sido "privatizados".

 

SOS Sanidade pide además "reponer" los puestos de trabajo de médicos, enfermeros, auxiliares y otros profesionales que han sido suprimidos en los últimos años, "recuperar" las camas hospitalarias que han dejado de estar operativas y "mejorar la atención primaria para combatir las listas de espera y el colapso periódico de los servicios de urgencias". Martín afirmó que los profesionales están "dispuestos a colaborar con la Administración para la mejora de la sanidad pública", pero lamentó que tras haber enviado una carta a la Xunta no ha recibido respuesta a una petición de reunión para bordar esos asuntos. Abuín lamentó que la Xunta no haya respondido a la petición de la citada asociación y precisó que en 2013 el Consello Económico y Social de Galicia, un órgano asesor de la Administración, y el Consello de Contas, un ente fiscalizador, advertían de que los instituto de investigación deberían "integrarse en el sistema público de la Consellería de Sanidad".

 

La secretaria nacional de CIG-Sanidade añadió que hace medio año la Xunta publicó un decreto para la contratación de personal investigador y fue criticado por reconocidos científicos gallegos, entre ellos el experto en genómica Ángel Carracedo y el neurólogo José Castillo, por considerar que contravenía la continuidad de proyectos públicos, según su denuncia. SOS Sanidade denuncia además que el proyecto de reforma legislativo podría llevar a que los pacientes de O Barco de Valdeorras tengan que recorrer 115 kilómetros, los de Burela 94 kilómetros, los de Monforte 66 kilómetros y los de Vilagarcía 16 kilómetros para acudir a los hospitales, debido a los "recortes" previstos.

 

La diputada del BNG lamentó la falta de atención por parte de la la Xunta a la "creciente preocupación" de la ciudadanía por las deficiencias en el sistema de salud y ante la contestación y movilizaciones públicas "masivas". Por ello, Prado opinó que sería "irresponsable" por parte de la Xunta y del PPdeG "no tomar nota" de esa situación y no recibir a los representantes de SOS Sanidade.

Denuncian la "bomba de relojería" que constituye privatizar la investigación médica