El Gobierno gallego llevará mañana a la mesa sectorial de sanidad el acuerdo para ofrecer a los médicos de familia y a los pediatras que hayan terminado su periodo de formación y a los que no tengan plaza fija contratos de un año prorrogables durante otros dos. Con esta propuesta, avanzada a finales de año en el Parlamento de Galicia por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la Xunta pretende que antes de mayo de este año ya se pueda comenzar a aplicar, ha dicho hoy el titular de la Xunta en una conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete. Así, podrán ser contratados tanto los médicos que estén en Galicia como aquellos que lo hagan en otra comunidad e incluso en otros países, también extracomunitarios, siempre y cuando tengan una formación homologable al MIR español, ha indicado.
Núñez Feijóo ha insistido en que las tensiones que se dan ahora en la sanidad gallega se han dado en otras autonomías recientemente y ha defendido que Galicia cuenta con la "mejor atención primaria que haya tenido nunca, con cualquier dato". Ha reconocido, en cualquier caso, que hay problemas y, para atajar uno de ellos, ha destacado la propuesta de estabilidad en el empleo para médicos de familia y pediatras hasta que puedan hacerse con una plaza fija. Se trata de un sistema puesto en marcha en País Vasco y ahora en Galicia, ha incidido Núñez Feijóo, que ha responsabilizado nuevamente al Gobierno central de no haber planificado adecuadamente el número de estos profesionales necesarios y de "un retraso" de seis meses en la convocatoria de la comisión de recursos humanos.
"Cada vez que hay una baja por cualquier motivo (entre personal) hay muchas dificultades para cubrirla (...) el cupo del día se desplaza y se genera una presión asistencial muy potente", ha asegurado Núñez Feijóo. El presidente gallego ha destacado, de todos modos, que la Xunta está escuchando las reclamaciones de los profesionales y de los pacientes y por eso, entre otras decisiones, ha planteado esta solución de contratación para atender las demandas de ambos colectivos. Ha explicado, además, que los profesionales que sean contratados tendrán "igualdad de condiciones" que el resto de facultativos del Sergas, el órgano de la Xunta que gestiona hospitales y centros médicos públicos, y desempeñarán sus funciones "en uno o más centros de salud (hasta tres máximo, en función del tamaño) pero siempre en el mismo distrito sanitario".
Respecto a las sesiones en el Parlamento gallego de la comisión de investigación sobre el impacto de los recortes en el sistema de salud pública, en la que él mismo prevé comparecer el próximo miércoles 16 de enero, ha vuelto a criticar a los partidos de la oposición por no participar y por "tensionar y generar un conflicto en la sanidad pública", lo que da muestra de su "desprecio" por la Cámara autonómica. Por otra parte, la Xunta ha dado hoy también el visto bueno definitivo para enviar al Parlamento su proyecto de ley de Rehabilitación, una norma que prevé agilizar la tramitación para recuperar edificios en los cascos históricos y enclaves rurales y también proteger los edificios históricos, con la puesta en marcha de un régimen sancionador específico contra pintadas y grafitis en esos inmuebles. Además, la ley abre la posibilidad de que ante el abandono de una casa o inmueble con amenaza de ruina y en la que cuyos dueños, tras ser notificados no hayan actuado, la Xunta podrá hacerse cargo y declara su utilidad pública y su urgente ocupación por un 50 % de su valor catastral.
