La gestación subrogada no está permitida en España aunque la legislación no sanciona la práctica por lo que las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera. Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, si bien la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.
En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin. Para hacerlo, hay que acreditar que no pueden tener un hijo de forma natural.
El futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante y deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja. El embrión se implanta en el útero de la mujer gestante -que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas-, que firma en el contrato que rechaza a la filiación. Si prospera el embarazo, el padre o padres españoles viajarán cuando tenga lugar el parto para recoger al bebé y, tras inscribirlo en un registro consular, regresar con él a España.
Según ha explicado a Efe David Monje, responsable de la agencia Go4baby, su empresa ofrecen "paquetes" que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres. Se tarda entre 12 y 18 meses desde que se firma el contrato hasta que se tiene al niño. "Los programas más caros son los cerrados: pase lo que pase durante el proceso -varias transferencias, incluso algún aborto-, se reinicia y no tiene sobrecoste para los padres. Monje, cuya empresa opera en Ucrania, reconoce que son los padres comitentes los que deciden si la mujer gestante aborta y que determinados programas cubren el reinicio del proceso si el bebé muere.
Cuando el niño nace, los padres lo recogen del hospital, se hace la prueba genética del progenitor para demostrar la paternidad y se inscribe en el registro consular. Una vez en España, la madre comitente solicita su adopción. A juicio de la abogada Núria González, autora del libro "vientres de Alquiler", se trata de "un negocio lucrativo que tiene a un bebé como producto y que alquila el cuerpo de una mujer", compromete su dignidad. Según la letrada, estos contratos abusivos están basados en la "extrema vulnerabilidad" de las gestantes, que suelen ser mujeres pobres.
En este sentido, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, manifestó a Efe que los contratos por gestación subrogada "resultan sorprendentes y repugnantes", ya que se plantea lo que la mujer puede hacer y abren "una comercialización, una mercantilización de algo natural que es tener un hijo". Una opinión que comparte gran parte del feminismo, que entiende la gestación subrogada como "una forma de esclavitud, sobre todo de las mujeres pobres", como asegura la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. Por el contrario, la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, considera que todas las críticas hacia la gestación se acabarían si se regulara en España con garantías: "cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros".
Un único partido del Parlamento, Cs, se ha mostrado a favor de regular por ley la maternidad subrogada, que propone que sea altruista y que la mujer se preste a gestar un hijo de terceros de manera voluntaria, sin recibir remuneración pero sí "compensación" para cubrir los gastos del embarazo, y bajo la supervisión de un sistema oficial.
