jueves. 28.03.2024

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que incluya al sector privado en los criterios de reparto del fondo sanitario de 10.000 millones de euros, debido a la "drástica limitación" que ha sufrido su actividad asistencial ordinaria durante la pandemia.

 

En un comunicado, ha explicado que el presidente de ASPE, Carlos Rus, se reunió ayer con el titular de Sanidad, al que detalló la implicación de los centros privados en la gestión de la COVID-19 durante los meses de marzo y abril y cómo esto ha afectado "de forma extrema a la viabilidad e insostenibilidad económica de los centros sanitarios".

 

Además, Rus expuso al ministro la participación de los centros privados en la atención a pacientes con coronavirus y le trasladó los resultados de un estudio realizado en las últimas semanas con datos de marzo y abril a una muestra de 124 centros sanitarios -el 42 % de los hospitales privados generales de España y el 41 % de las camas existentes en este tipo de centros sanitarios-.

 

Según estos datos, esos 124 hospitales privados han asumido el 16 % de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 (19.289) y el 14 % de los ingresos en UCI (1.536). Según ASPE, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia: las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83 %, las pruebas diagnósticas un 79 % y las urgencias un 73 %, las consultas un 67 %, los ingresos hospitalarios un 58 %, las determinaciones de laboratorio un 57 % y los ingresos UCI un 52 %.

 

Esto ha supuesto una importante "afectación" del sector de la sanidad privada ante un "contexto drástico de limitación de la actividad de programación asistencial ordinaria, y sus consecuencias en una dramática situación económica y de viabilidad". Por esto, ASPE ha pedido a Illa que el sector de la sanidad privada sea considerado en los criterios de reparto que fijará el real decreto del fondo autonómico sanitario de 10.000 millones de euros que el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha. El ministro -afirma el comunicado- se ha comprometido a dar una respuesta en un periodo de 10 días.

 

En concreto, la sanidad privada ha solicitado que en los fondos que el Gobierno tiene previsto repartir entre las CCAA para cubrir los costes sanitarios se contemple la compensación por los servicios asistenciales COVID y no COVID de pacientes derivados a la sanidad privada, bajo mandato de las autoridades sanitarias. También quiere que en esos mismos fondos se contemple la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI, puestos a disposición e informados de forma diaria a las autoridades sanitarias autonómicas.

 

Que se establezcan medidas específicas para el sector sanitario privado que doten de liquidez a los centros, por la caída de actividad ordinaria, como líneas de financiación ICO con carencia de un año exenciones o bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, entre otros. Piden, asimismo que se establezca de forma estable un IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios y retrotraer los efectos de esta regulación al momento de decretarse el Estado de Alarma.

La sanidad privada pide ser incluida en reparto de fondo de 10.000 millones