El Gobierno gallego ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de ley de mejora de la estructura agraria de Galicia que prevé, entre otras iniciativas, movilizar al banco de tierras fincas resultado de concentración parcelaria o perímetros cercanos a núcleos urbanos que estén en estado de abandono.
El texto será remitido ahora al Parlamento, ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que la ley prevé eliminar la fiscalidad en el medio rural en transmisiones o donaciones de fincas que se sigan dedicando a un fin agrario o forestal. En cuanto a los terrenos abandonados, tanto fincas solas, como fruto de anteriores concentraciones, los propietarios de estos terrenos podrán ponerlos a producir, alquilarlos a un tercero para que produzcan o cederlos al banco de tierras, ya que si no la Xunta podrá actuar "de oficio" y movilizar las fincas al banco de tierras. En caso de no hacerlo se enfrentarán a multas de entre 300 y 3.000 euros, en función de la superficie del terreno.
En cuanto a los perímetros situados cerca de núcleos urbanos que estén abandonados, la Xunta actuará en ellos para que no constituyan un riesgo de incendio. Núñez Feijóo ha incidido en que esta ley pretende pasar del concepto de concentración parcelaria al de reparcelación, ya que hasta ahora se hacía la unión de fincas con el único objetivo de ganar superficie, pero sin tener en cuenta el uso de las mismas.
El presidente gallego ha explicado que las medidas buscan aprovechar los recursos existentes, poner en valor el medio rural, un lugar "seguro" de trabajo y para vivir. Además, ha explicado que las diferentes opciones propuestas a los propietarios -cultivarlas, alquilarlas para cultivo o ceder al banco de tierras- buscan movilizar la tierra "sin perder la propiedad". Para facilitar la rentabilidad de las explotaciones se permitirá incluir en los procesos de reparcelación los suelos de núcleo rural, hasta ahora prohibido, ya que era "una de la principales demandas".
Núñez Feijóo ha relatado las distintas medidas introducidas en el medio rural por su gobierno en la pasada legislatura y en la presente como la ley de movilidad y la ley de montes. La Xunta ha dado hoy el visto bueno, además, a un plan de actuaciones contra la venta de productos agroalimentarios sin etiquetar que se centrará en el vino, las bebidas espirituosas, el queso y las mieles.
Núñez Feijóo ha explicado que en este plan están involucrados cinco departamentos autonómicos -Sanidad, Medio Rural, Economía, Turismo y Vicepresidencia- y que el objetivo es perseguir el gran fraude, como el descubierto en fechas recientes en Portugal. Habrá una campaña de información a los consumidores, que todos sepan que las botellas y los productos sin etiquetar no se sabe de dónde vienen y, por lo tanto, "qué garantías tienen".
También se hará un control en ferias y furanchos, así como en tiendas y en establecimientos hosteleros y se creará un portal único de interlocución con los consejos reguladores para presentar las denuncias oportunas.
El Consello de la Xunta ha dado también el visto bueno a la inversión de 7,7 millones de euros para continuar con la informatización de la Administración de Justicia en Galicia para el próximo año. Además, ha analizado el Plan Senda 2020 sobre informatización de la Justicia, el horizonte que la Xunta se marca para la informatización completa de la Justicia en Galicia.
Núñez Feijóo ha destacado que en los últimos cinco años el Gobierno gallego ha destinado 23 millones de euros a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y ha indicado que este mes comenzará de modo pionero un sistema para la presentación telemática de denuncias en A Coruña y en Pontevedra.
