jueves. 28.03.2024

El director del Instituto gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), Heriberto García Porto, presentó hoy ante el Parlamento de Galicia un presupuesto de 102 millones de euros para 2016, lo que supone cerca del 20% más que este año, algo que la oposición cuestionó al creer que no se ajusta a la realidad. García Porto expuso ante una comisión parlamentaria diferentes programas y planes de ese organismo dependiente de la Xunta en la gestión de viviendas públicas, rehabilitación de edificios o ayudas a personas desahuciadas.

 

Explicó que el IGVS tiene como prioritaria la atención a los "colectivos más vulnerables" y precisó que desde 2010 ha atribuido más de 170 viviendas públicas a familias desahuciadas con hijos menores o con personas con problemas de dependencia a su cargo, así como a mujeres con riesgo de sufrir violencia doméstica. También destacó, entre las novedades del presupuesto para el próximo año, la instauración de un "bono de alquiler" para esos colectivos vulnerables de 150 euros mensuales durante un año prorrogable durante otros doce meses, además de una ayuda de 450 para solventar sus deudas pendientes, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

 

El diputado del PSdeG Xosé Sánchez Bugallo consideró que "no coinciden las cifras" aportadas por el IGVS con las facilitadas por la Administración, además de señalar que la experiencia muestra que los presupuestos de ese organismo tienen una ejecución "muy baja", del 7,3 % en 2014. Sánchez Bugallo detalló además minuciosamente los datos del presupuesto en varios capítulos, precisó que buena parte del dinero procede de transferencias del Gobierno central, algunas de las cuales el año pasado "se perdieron", y lamentó que la aportación de la Xunta es "absolutamente insignificante".

 

El representante de la Xunta denunció la "falta de compromiso con la política de vivienda" por parte de la Xunta y la "ridiculez del esfuerzo" en materia de recursos, especialmente atendiendo a que hay "cerca de 2.000 desahucios al año", en muchos casos por "impago de alquileres". Subrayó que la Xunta dispone de una lista de solicitantes de viviendas que actualmente asciende a unas 15.000 peticiones, de las cuales 5.000 en la zona de Vigo, y lamentó que los presupuestos de la Xunta se limitan "tres millones de euros".

 

El diputado del BNG Cosme Pombo consideró que se trata de unos presupuestos de "publicidad y propaganda" ya que, pese a aumentar, se encuentran "muy por debajo" de los de hace seis años, y "son bastantes raquíticos para las necesidades evidentes de este país".

 

Así, Pombo observó que la Xunta presumió de que "con menos presupuestos podía hace más", pero ha conseguido "echar a muchas más familias a la calle", y calculó él que más de 10.000 han perdido su vivienda desde que gobierna en Galicia el PPdeG. También el diputado de AGE Ramón Vázquez enfatizó la magnitud del problema de las familias desalojadas de sus vivienda de propiedad o de alquiler por falta de recursos, y destacó que hay "una media de ocho desahucios diarios". Así, observó que con 299.000 viviendas vacías, España se ha convertido en "un país de casas sin gente y de gente sin casa", por lo que enfatizó que el IGVS "debería ser una herramienta fundamental" para ayudar a esas personas, pero lamentó que el Gobierno de la Xunta "ha fracasado estrepitosamente".

 

En cambio, el diputado del PPdeG Jaime Castiñeira consideró que hay "demagogia" sobre el tema, puesto que en las cifras sobre ejecuciones hipotecarias "no se diferencian las que son de primera vivienda habitual del resto". También apuntó que en esas ejecuciones hay "plazas de garaje" o viviendas que han sido "compradas al promotor" pero en las que no hay personas que residan efectivamente. "No quiero con este comentario minimizar el problema", dijo el diputado, quien consideró que su partido ha conseguido "eficiencia" en la gestión de la política de vivienda, mientras el anterior Gobierno tenía una "parafernalia de altos cargos".

 

El director del IGVS rechazó las críticas de la oposición alegando que la falta de ejecución presupuestaria se debe en parte a la "imposibilidad de ejecutar" determinadas partidos, pero rechazó que fuera del orden del 7%. También aludió al hecho de que los desahucios de viviendas incluyen tanto "fincas urbanas como rústicas" y consideró que "no son consistentes" a la hora de evaluar la situación.

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