El dictamen, emitido por la Comisión 6ª del Parlamento de Galicia de la proposición de ley, de iniciativa popular, de medidas para garantizar la energía como servicio público y contra la pobreza energética, ha salido hoy adelante con los votos del Grupo Popular. El dictamen fue aprobado finalmente con 35 votos de los diputados populares, 20 en contra de En Marea y BNG, y 13 abstenciones de los socialistas. Igualmente, el PPdeG rechazó todas las enmiendas presentadas por la oposición. La votación de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular (ILP) coincidió en el exterior del Parlamento gallego con una concentración de la CIG, central sindical que la impulsó. El texto de la iniciativa legislativa popular fue presentado en el Parlamento avalada por casi 18.000 firmas.
La diputada popular Marta Novoa dijo durante su intervención que a los consumidores más vulnerables de la Comunidad autónoma no se les cortará el suministro eléctrico y que el Gobierno gallego pagará el 50% de su factura eléctrica. Igualmente destacó que se pondrán en marcha medidas para erradicar la pobreza energética e impulsar la eficiencia y el ahorro en este sentido. Muy diferente punto de vista ha sido el expuesto por los portavoces de la oposición, que rechazaron el texto por entender que las personas más desfavorecidas económicamente quedan fuera de estas medidas. Francisco Casal, de En Marea, criticó al Partido Popular por entender que deja al margen a la inmensa mayoría de personas en situación de pobreza energética por trabas en el acceso a las mismas.
El socialista Abel Losada expuso sus quejas, entre otras cosas, que durante los últimos años los diputados populares votaron siempre en contra de las medidas para poner fin a la pobreza energética. En el mismo sentido, se pronunció la parlamentaria del BNG Noa Presas, quien criticó que la nueva normativa pase a ser únicamente una ley de eficiencia energética. La popular Marta Novoa se dirigió a los "señores de las mareas" para acusarles de dejarse llevar "por un sindicato nacionalista", y afirmó que "es imposible encuadrar una tarifa eléctrica gallega de la legislación estatal".
Afirmó que el grupo Popular tomó en consideración lo que dijeron la mayor parte de los expertos que comparecieron en Comisión, "y todos coincidieron en que la tarifa gallega no estaba enmarcada en las competencias de nuestra Comunidad", sostuvo. Indicó que lo que el Grupo Popular propone, entre otras cosas, que el Gobierno gallego promueva planes de ahorro y eficiencia energética destinados al aumento de la competitividad del tejido productivo gallego y al incremento del confort y la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, que se promuevan campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el consumo de la energía "de una forma inteligente".
Destacó, sin embargo, que la parte importante del texto para el PP es la garantía de la accesibilidad a la energía eléctrica. En este sentido, aseguró que la Comunidad gallega "blindará por ley" el pago del 50% del recibo eléctrico a los hogares gallegos con menos recursos. Añadió que las comercializadoras de electricidad estarán obligadas a contar por ley con plataforma telemáticas de comunicación con los servicios sociales de la Xunta para, con una periodicidad mensual, informar de la existencia "de los consumidores vulnerables severos". La diputada del BNG Noa Presas recordó que la ILP "llegó pisando fuerte fuertemente avalada socialmente" y fue tomada en consideración por unanimidad con el voto favorable de todos los grupos. "Dos años después -añadió- el PP vacía su contenido totalmente: ni tarifa eléctrica, ni medidas ambiciosas contra la pobreza energética.
La convierten en una mera declaración de intenciones", remarcó. "Si no tenían pensado aprobar ni una sola propuesta inicial, por qué la tomaron en consideración", preguntó la diputada. Presas indicó que ha sido la ILP de la historia del Parlamento gallego "que más tardó en tramitarse, y esto porque era la crónica de una muerte anunciada avalada por ustedes" (en alusión a los diputados del PPdeG).
"Galicia pierde hoy muchas oportunidades por su irresponsabilidad, porque renuncian a ejercer la parte de competencias que le corresponde. Renuncian a poner los beneficios al servicio de la sociedad y tampoco les importa nada el medio ambiente", señaló. La diputada del BNG cifró en más de 400.000 las personas en Galicia "que no pueden encender la calefacción en su casa".
"Este es un paso decepcionante, pero no es desde luego el punto final de esta cuestión", subrayó. Por su parte, Abel Losada, del PSdeG, calificó la tramitación de la ILP de "política de sainete esperpéntico por parte del PP". El diputado socialista recordó que el beneficio neto excesivo de las tres grandes eléctricas españolas fue en los últimos siete años de 11.000 millones de euros y en este mismo periodo las ayudas sociales al suministro eléctrico en España fueron 1.300 millones de euros, "escasamente el 12 por ciento".
"De esto es de lo que desde el Grupo Socialista creemos imprescindible hablar", dijo Losada. En cuanto a eficiencia energética, calificó de "débiles" las enmiendas populares en cuanto a compromisos presupuestarios y mecanismos de compensación especialmente para las rentas más bajas. Respecto a al tarifa eléctrica gallega, el diputado socialista dijo que su grupo parlamentario era más partidario de que sea vía fiscal de carácter ecológico la que corrija esos costes añadidos para Galicia de la producción energética. Abel Losada criticó la "absoluta indefensión" de los grupos parlamentarios de la oposición al señalar que no tuvieron ocasión de enmendar ninguna de las propuestas del Grupo Popular.
Por último, Francisco Casal, de En Marea, indicó que la pobreza energética creció en Galicia en los últimos años "mucho más que la pobreza general". Más de 600.000 personas, el 20% de los hogares gallegos, en palabras del diputado de En Marea, "estarían en este momento en pobreza energética". Indicó Casal que "de los 15.000 millones de euros al año que se regalan a las eléctricas está la cicatería para combatir la pobreza energética, con una estimación que en el decreto del bono social es de 300 millones al año y que en Galicia podría sumar poco más de 1 millón de euros", señaló. Por último, el parlamentario de En Marea mantuvo que lo que hoy se discutió y votó en el Parlamento "ya no es una ley de pobreza energética, es una ley de enunciados teóricos sobre eficiencia energética sin concretar nada".
