La decana de la facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña (UDC), Raquel Martínez Buján, asegura, en una entrevista con Efe, que España debe tender hacia "la profesionalización" de los cuidados a la dependencia y distinguirlos "de las tareas domésticas y de mantenimiento del hogar". Marínez Buján, que es doctora en Sociología por la UDC con la tesis "Bienestar y Cuidados: el Oficio del Cariño. Mujeres Inmigrantes y Mayores Nativos", diferencia a los cuidadores entre los profesionales, los no profesionales y los familiares.
En España los más comunes, al menos entre los cuidadores principales de una persona dependiente -con más de 1,5 millones de afectados según la última encuesta de 2008-, son los familiares, que tocan "por socialización y por cultura de cuidados", un papel que normalmente asumen "las esposas (20 %) o las hijas (30,8 %)" por la "escasa implicación de los hombres (7,3 % en el caso de los hijos)".
Ajenos a la familia están los cuidadores profesionales, que "a través de cursos de especialización" entran en centros de día o residencias geriátricas, y los que contrata cada familia, donde "no existe la contratación bajo un régimen laboral profesional" y la tendencia es vincular a un empleado doméstico con los cuidados. "En España tenemos pendiente la profesionalización de este sector y reconocer esta actividad como diferenciada de las tareas domésticas y de mantenimiento del hogar, es algo que sí existe en otros países donde tener un empleado de hogar está visto como algo colonial y servil", resume Martínez Buján.
La figura más parecida al cuidador en el hogar que existe en España es la de asistente personal, "que se dedica a integrar a alguien en su entorno, pero no le va a hacer las tareas del hogar, cuidar a su niño ni quedarse a dormir". "El salario es tan caro que hace que las familias contraten a través del servicio doméstico, que es más barato, tiene más flexibilidad laboral y es más servil", continúa.
De hecho, los empleados de hogar representaban en la última encuesta un 8,4 % del total, por encima del 2,3 de los servicios sociales, y la tendencia en las familias españolas es la contratación de alguien "que sustituya el papel de la mujer sobre la que habitualmente tendría que recaer esta función", abunda. Destacan las mujeres migrantes en esta tarea, pues en la primera década del siglo XXI llegaron a españa dos millones de personas con este perfil, de las que "un noventa por ciento trabajaron como empleadas de hogar".
El problema es que existen unos "servicios públicos limitados que no pueden dar respuesta" a las necesidades actuales y que las familias son reticentes a ingresar a los dependientes en centros geriátricos, lo que genera una "alta demanda de cuidadoras a domicilio no profesionales". Acceder a los servicios públicos relacionados con la dependencia "es muy complicado", según la experta, porque apenas hay plazas en residencias públicas y las alternativas privadas, incluso subvencionadas, suponen un desembolso mensual de más de mil euros, lo que dificulta esta opción para las familias gallegas, con ingresos medios, de 770 euros en los pensionistas.
Lo mismo sucede con la atención a domicilio y unos copagos elevados -que fomentan que se recurra a empleados de hogar que además proporcionan más servicios- para un máximo de dos horas diarias de trabajo, proporcionado por los servicios sociales. "El sistema expulsa a la población que tiene pensiones medias. Permanecen los de pensiones más bajas, con copagos muchos más pequeños, pero los de pensiones medias ya están expulsados.
Al final, las familias son las que tienen la principal responsabilidad de solucionar esta situación y el problema es que tampoco ven que haya que protestar al Estado", añade. Raquel Martínez Buján percibe una mejora importante en el trabajo de las empleadas de hogar que proporcionan cuidados, con tendencia a la regularización porque las mujeres migrantes "demandan estar dadas de alta en la Seguridad Social porque de ello depende el permiso de residencia" y porque la reforma de 2012 exige el alta si se superan las sesenta horas mensuales de actividad. Otro problema que tiene el sistema actual de la dependencia está vinculada a la aportación económica que contempla la ley para cuidados en el entorno familiar, de entre trescientos y quinientos euros, que buscaba remunerar a los familiares que dedicaban su tiempo a los cuidados, pero que en la práctica muchas veces se utiliza "para un contrato irregular", denuncia.
Las dificultades para los familiares cuidadores son tantas que llegan "a la extenuación" y al final optan por delegar esa actividad porque "no pueden soportarlo más". "El trabajo supone una carga muy fuerte dentro de la vida de una persona, la cuidadora principal quizá trabaje más de diez horas al día, hay vínculos emocionales con la persona, eso genera mucha ansiedad. Pueden pasar cinco o seis años con muy poca vida social y personal.
Llega un momento en que no lo soportas emocionalmente por la ansiedad y la depresión", argumenta. Este trabajo es algo más satisfactorio en las residencias, aunque las remuneraciones son bajas con horarios difíciles y la actividad no tiene demasiado reconocimiento: "No tenemos visualizados los cuidados como algo central de la sociedad, que es hacia lo que deberíamos tender en el futuro", declara. La decana de Sociología plantea, de cara al futuro, el aumento de "los servicios públicos de atención profesional y de ayuda a domicilio, que es la que permite que el mayor se mantenga en su hogar y en su entorno, inserción social" y la tendencia "hacia la profesionalización del sector" con una "mercantilización imparable" que debe llevar a "unas condiciones laborales dignas como el resto de asalariados, con jornadas laborales y derecho a paro y a bajas".
