La huelga indefinida de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia ya ha aplazado cerca de 3.000 juicios, según el comité de huelga, algunos con nuevo señalamiento en 2019. A lo largo de estos días de huelga se han suspendido todas las declaraciones y los juicios de Galicia, excepto los que tienen causa con preso o los juicios rápidos con orden de protección, como algunos de los que se celebran en los juzgados de Violencia de Género. En las suspensiones están incluidas las declaraciones en fase de instrucción, los juicios civiles o por delitos leves, además de otros procesos como los sociales, mercantiles o contencioso-administrativos.
Los registros civiles tramitan únicamente aquellas actuaciones urgentes, como las licencias de enterramiento, y solo realizan las inscripciones de nacimiento si se acerca el final del plazo. No es posible obtener documentos como certificados de defunción o nacimiento o una fe de vida, mientras que tampoco se realizan otros trámites vinculados a la vía judicial. Fuentes sindicales han explicado a Efe que en total fueron unos 2.100 juicios los aplazados durante la semana pasada, que ya han sido señalados de nuevo, además de los de hoy, con un número global que sitúa los datos cerca de los 3.000.
Aunque las declaraciones en fase de instrucción se aplazan apenas un mes o dos, los procedimientos de primera instancia quedan, en el caso de A Coruña, para después del verano. El mayor retraso en la ciudad herculina se produce en su jurisdicción más colapsada, la social, donde los 135 juicios aplazados la semana pasada se han señalado para fechas entre octubre de este año y 2019. La huelga indefinida convocada por los sindicatos SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO se extiende desde el pasado miércoles con diferentes reivindicaciones. Afecta a todo el personal de la Administración de Justicia, excepto jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.
Entre las actuales reclamaciones de los trabajadores de justicia se encuentran la equiparación salarial con los empleados de otras comunidades autónomas, el abono del cien por cien del salario ante incapacidades temporales, la concreción de la creación de nuevas plazas, el regreso de la mediación a las negociaciones y la retribución acorde de los servicios de sustitución en estamentos judiciales superiores.
