Dificultades de acceso a transportes públicos, falta de señalización adecuada de pasos de peatones, barreras arquitectónicas en edificios y lugares públicos o deficiente uso de lengua de señas, son algunas de las quejas de transmitidas por asociaciones de personas con discapacidad en Galicia a la Valedora do Pobo que en un informe divulgado hoy reconoce una falta de rigor en las sanciones previstas. El informe, de más de seiscientas páginas, fruto de las observaciones y quejas de varias asociaciones de personas con discapacidades, fue entregado por la valedora do Pobo, Milagros Otero, al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.
El documento, titulado "A Accesibilidade en Galicia" señala que hay un "evidente progreso" en algunos ámbitos, pero también "muchas carencias" para facilitar la atención necesaria que permitan a todas las personas disponer de condiciones de igualdad. En una conferencia de prensa, Otero precisó una serie de recomendaciones a las administraciones públicas para tomar medidas urgentes destinadas a eliminar las barreras arquitectónicas y a favorecer la movilidad de las personas con discapacidades física, visuales, auditivas o de otro tipo, acompañada por representantes de asociaciones. El informe pone de manifiesto que "el transporte público interurbano es inaccesible en su práctica totalidad" y el de carácter urbano, aunque hay más vehículos en no hay buena comunicación entre los vehículos y las marquesinas de las paradas para permitir el acceso a personas en sillas de ruedas.
El presidente de la asociación Cermi, Anxo Quiroga, una entidad de ayuda a personas con dificultades de movilidad, indicó que hay todavía una percepción social de que la eliminación de barreras supone "un gasto, más que una inversión para el desarrollo del conjunto de la sociedad". Quiroga subrayó que la falta de rampas y con ligera inclinación supone una dificultad de acceso a edificios o vehículos de transporte público para personas mayores, carros de compra o sillas de bebés, o para aquellas personas que tienen problemas de movilidad temporalmente. Añadió que el problema radica en que en muchos casos, los trabajos de adaptación, que requieren en ocasiones "complejas modificaciones" con "costes elevados" son fruto de una "corrección" por la deficiencias en el diseño y abogó por favorecer las medidas para favorecer la integración del conjunto de la sociedad que "garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades".
Otero opinó que "falta mucha educación ciudadana" para favorecer la integración de personas con discapacidades y aconsejó a los ciudadanos en general a acompañarlos para darse cuenta de sus necesidades específicas y sus trabas, con el fin de buscar soluciones adaptadas. Destacó, además, que los poderes públicos deben hacer una "esfuerzo considerable" para que "la accesibilidad universal se pueda lograr lo más rápido posible porque la verdad es que ya llegamos tarde".
Preguntada sobre si considera que hay mucho trabajo por hacer o bien si la Xunta no le hace caso, Otero comentó que "prefiere pensar lo primero", en lo relativo a la falta de aplicación efectiva de la Risga. Subrayó que se han "implementado los equipos de valoración" de las personas que reclaman ese tipo de subsidios, aunque "todavía no están en pleno funcionamiento", dijo, pero aseguró que estará "atenta" a los pasos para mejorar la situación, que reconoció que "llegan tarde". El informe destaca que pese a que hay una serie de sanciones previstas para favorecer la desaparición de barreras y dificultades, éstas "no se aplican con rigor", hay incluso "cierta tolerancia", lo que impide que tengan carácter disuasorio, y eso conlleva que las normas "acaben siendo consideradas declaraciones retóricas". Preguntada sobre la aplicación de sanciones, fuentes de la institución de la Valedora indicaron desconocer si alguna autoridad ha aplicado sanción alguna.
