Hasta un total de 76.000 firmas han sido dirigidas a la Valedora do Pobo para vetar la caza a niños y niñas en Galicia, ha informado la asociación animalista Libera. La Ley de Caza de 2013, señala el comunicado, establece la edad mínima para portar armas y participar en batidas de manera activa en los 16 años, una edad que el lobby intentó rebajar hasta los 14, aunque lograron que no se estableciera ninguna barrera para su participación como espectadores o acompañantes, una auténtica aberración administrativa amparada por la Xunta.
Se calcula, continúa la nota, que durante la última década se han producido una quincena de fallecimientos relacionados con cacerías, "mientras que los accidentes en cada "temporada" se cuentan por decenas a pesar de que el Sergas negó esta información a la Asociación Animalista Libera cuando consultó acerca del coste que suponía la atención sanitaria y qué porcentaje era cubierto por las aseguradoras que cada escopetero debe contratar".
En este sentido los animalistas señalan que el propio Comité de los Derechos del Niño advirtió en 2018 a España acerca de la intervención de menores, como novilleros o espectadores, en eventos tauromáquicos, instando al Gobierno central a alejarlos de este tipo de violencia, y establecen la comparativa con la caza, cuyas convocatorias no están exentas de riesgo y tienen un mayor número de bajas y accidentes en proporción en Galicia.
Por ello, LIBERA! ha avanzado este sábado que trasladará su petición ciudadana, suscrita por más de 76.700 personas en la plataforma Change.org, a la nueva Valedora do Pobo, reclamando una investigación y una hipotética recomendación como la que realizó esta institución en 2012, desaconsejando rebajar la edad de caza a los 14 años. La ONG sostiene en la exposición de motivos de la recogida de firmas que las "'balas 'rebotadas', las distracciones o los accidentes son habituales, con el consiguiente peligro para los adolescentes", además de enfatizar que "los poderes públicos tienen la corresponsabilidad, junto con las familias, de desarrollar medidas para proteger a las personas menores de edad, y de crear un entorno saludable".
En paralelo los defensores de los animales han destacado que la propia administración ha tratado de incentivar la incorporación de menores a las cacerías con convenios derrochando miles de euros y ahora tratan también de presentar iniciativas en el Parlamento de Galicia para acabar con este tipo de "promociones" por fomentar actividades con riesgo para su salud física y emocional.
