El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy que Galicia será la primera autonomía en tener una Ley de impulso demográfico, que destinará 800 millones de euros anuales para hacer de la comunidad el mejor lugar para las familias.
Después del Consello da Xunta, donde se aprobó el texto definitivo que será remitido al Parlamento, Feijóo aseveró que esta ley es producto de un proceso de reflexión y diálogo, y supondrá un marco para las iniciativas demográficas que el Gobierno gallego, las demás Administraciones públicas y los agentes privados deberán seguir llevando a cabo en esta década. “Esta ley es más necesaria que nunca”, dijo, en relación a que la sociedad gallega “sabe que el primer problema estructural de Galicia es el declive demográfico que llevamos acumulando en los últimos cuarenta años”.
Después de incidir en que el objetivo fundamental es que para todas las familias que quieren tener hijos en Galicia, “eso no sea un problema económico ni laboral”, el titular de la Xunta precisó que la nueva norma ordena y da coherencia a las medidas de impulso demográfico que ya se están poniendo en práctica y las que se introducirán en los próximos años. “El conjunto de decisiones docentes, sanitarias o políticas sociales abarcan 800 millones de euros al año”, dijo, haciendo hincapié en que el texto afrontará la cuestión demográfica con un enfoque transversal y orientado a lo largo plazo.
El presidente de la Xunta aprovechó la rueda de prensa para agradecer la implicación de todas las personas que, desde los diferentes ámbitos, contribuyeron a enriquecer y aportar todos los prismas la esta ley: tanto desde sus primeros pasos en el Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica, como durante lo intenso proceso de exposición pública, al que se presentaron 336 alegatos de las que se incorporaron a la ley más del 80%.
Y, en las últimas semanas, a través del dictamen del Consejo Económico y Social, que aportó las perspectivas de las organizaciones sindicales, empresariales, de las universidades y de los demás agentes allí representados. Asimismo, pidió a los grupos políticos que demuestren el mismo diálogo y el mismo consenso que mostró a lo largo de todo el proceso a sociedad civil gallega. Feijóo concluyó que Galicia será, por lo tanto, la primera comunidad autónoma de España y una de las pioneras en Europa que cuenta con marco legal donde las Administraciones públicas, las empresas y la sociedad civil se unen “para intentar disminuir el impacto del descenso demográfico”.
Una ley consensuada
Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, explicó que en estos siete meses de tramitación, la ley se enriqueció incorporando las diferentes recomendaciones de las entidades sociales, organizaciones sindicales y empresarias, partidos políticos, universidades y de personas a título individual.
Con sus aportaciones, se sumaron propuestas como: la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, para la que el Gobierno gallego dará el primer paso el próximo 1 de abril con la gratuidad para los segundos hijos y sucesivos; así como la posibilidad de prórroga de un año de la Tarxeta Benvida para las familias en situación de especial vulnerabilidad, algo que ya es realidad este año. La conselleira también informó de los alegatos que se tuvieron en cuenta tras el período de exposición pública.
Así, se contempla la creación de un Comité de ética de los servicios sociales de Galicia; la elaboración de una Estrategia de prevención y el abordaje integral de la soledad no deseada, en la que ya se está trabajando; o la incorporación al texto legal de programas de recuperación de viviendas vacías. Fabiola García también se refirió a las consideraciones del Consejo Económico y Social, con las que se modificaron 26 artículos de los 106 que la conforman.
En esta fase se incorporaron las siguientes novedades: fijar un plazo máximo de un año desde la publicación de la ley para elaborar la normativa necesaria que desarrolle y aplique los artículos; incorporar la diversidad como principio específico en materia de familia; extender la oferta de recursos de conciliación, inicialmente prevista para el verano, a todos los períodos no lectivos; incluir en el funcionariado autonómico con pleno derecho prioritario la flexibilidad horaria a aquellos que están a cargo de familiares enfermos, mayores o con discapacidad.
