jueves. 28.03.2024

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha presentado este martes el documento del ‘Pacto Social por la Vivienda”, que recogerá diez nuevas medidas orientadas a que las “personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad” consigan un vivienda.

 

El documento, que guiará la acción del Gobierno en los próximos años, está “abierto a cambios”; con la finalidad de que los actores implicados, ciudadanía y sector, puedan hacer sus aportaciones y conseguir “una estrategia consensuada, realista y, lo más importante, efectiva”.

 

Ha defendido que las medidas que se pondrán en marcha apuestan principalmente por el alquiler, la rehabilitación de viviendas y la lucha contra la exclusión residencial. En ese sentido, ha avanzado que se impulsa el acceso de los colectivos más desfavorecidos, activando una nueva línea de ayuda a la compra de viviendas protegidas de hasta 20.000 euros para familias con ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem, que podrán ser de nueva construcción o una rehabilitación.

 

También se pondrá en marcha un nuevo programa de alquiler con opción a compra destinado a menores de 35 años, con el objetivo de facilitar la emancipación.

 

Para fomentar el alquiler de aquellas viviendas vacías, se establecerán nuevos incentivos a los propietarios, con ayudas de hasta 6.000 euros a cambio de la cesión en régimen de usufructo y gestión del alquiler por parte del IGVS.

 

En aras de apostar también por la rehabilitación, se constituirá una plataforma informática para disponer de un registro de núcleos en estado de abandono, con el fin de facilitar obras de rehabilitación, a través de la simplificación de los procedimientos de adquisición o alquiler de viviendas en ruina.

 

Estas actuaciones se verán acompañadas de una línea de ayudas a particulares para que sean autopromotores de viviendas en los núcleos rurales de ayuntamientos con saldo demográfico negativo.

 

De forma paralela, se intentará poner en marcha programas indirectos de apoyo a la rehabilitación, mediante la firma de convenios con asociaciones o entidades para fomentar la financiación de las obras de rehabilitación de particulares, colaborando en la profesionalización del sector, a través de la formación específica.

 

Al tiempo, se establecerán medidas dirigidas a pequeños emprendedores, como la elaboración de un plan de uso de locales comerciales, propiedad de IGVS, con importantes incentivos al alquiler.

 

Otro de los objetivos, ha apuntado la Xunta, es impulsar la implantación de grandes iniciativas empresariales en ámbitos rurales; por eso en aquellos ayuntamientos con dinámicas demográficas negativas se establecerá la posibilidad de que la adjudicación de suelo pueda llevar aparejada la firma de convenios entre la Xunta, ayuntamientos y empresa para poner a disposición de los trabajadores viviendas en alquiler a precios moderados.

 

Desde la oposición, han cargado contra las promesas de la Xunta en este sentido puesto que la estrategia de vivienda es la “máxima expresión” de “once años sin propuestas” por parte del Gobierno gallego. Alexandra Fernández (BNG) y Pablo Arangüena (PSdeG) han insistido en que faltan presupuestos para un verdadero plan de vivienda pública mientras que son miles los demandantes de un domicilio que habitar.

 

Por ello, el socialista le ha recordado a la conselleira que “la ciudadanía no se puede resguardar de la lluvia y del frío detrás de la propaganda, publicidad y marketing”. La nacionalista también ha recriminado al Gobierno gallego que no legislen con seriedad un asunto trascendental para la economía de la mayor parte de las familias gallegas, “es una vergüenza y una desgracia”.

 

A lo largo de la comparecencia, los grupos de la oposición y la conselleira se han enfrentado por la problemática de la ‘okupación’ en la comunidad en tanto que la responsable de vivienda en la Xunta ha remarcado que existe el “derecho a la vivienda digna pero también derecho a la propiedad privada” por lo que hay que buscar “ese equilibrio” entre ambas.

 

Además, ha remarcado que en Galicia “hablar de grandes tenedores o de especulación es estar fuera totalmente de nuestro contexto”.

 

Para Vázquez es necesario remarcar que en Galicia “no hablamos de 40 o 50, sino de un buen número de casos” -aunque no ha dado la cifra- que suponen importantes “problemas de convivencia vecinal”.

 

De hecho, la conselleira ha asegurado que las personas que ‘okupan’ casas en Galicia nunca solicitaron ayuda de vivienda a las administraciones públicas porque son “antisistemas” que “se creen con derechos pero con ninguna obligación”. Ha asegurado que la Xunta seguirá “luchando contra la ‘okupación ilegal’ en Galicia, créanme que lo vamos a hacer” con la habilitación de un teléfono específico para este problema y con la elaboración de un mapa de okupaciones.

 

Frente a ello, desde la oposición han acusado a la Xunta de “inventarse” un problema que no ocupa ni preocupa a los ciudadanos gallegos. Alexandra Fernández ha considerado que es “indignante lo que están haciendo para agitar un fantasma que no existe para blindar los intereses de los grandes tenedores de vivienda” con un discurso con el que pretenden “disputar a Vox el espacio de extrema derecha”.

 

Fernández ha lamentado que el PPdeG emplee así el “manual Trump” ampliando un problema que en realidad no es de “stock de vivienda, sino de distribución y de precios” por acceder a la misma.

 

Pablo Arangüena también ha considerado que la legislación actual sobre este asunto es “más que suficiente” por lo que ha emplazado a la Xunta a “dejar de retorcer los datos con cortinas de humo” tras las que esconder las necesidades de los distintos colectivos que precisan de una vivienda.

 

Por parte del PPdeG, Marisol Díaz Mouteira ha puesto en valor la política de vivienda de la Xunta durante los últimos once años ya que las acusaciones de la oposición “no se corresponden con la realidad” y por ello la ciudadanía no los apoyó en las urnas el pasado del 12 de julio.

La Xunta presenta diez medidas para el ‘Pacto Social por la vivienda’