La CIG de Ourense ha presentado denuncia penal en el juzgado de Instrucción de Verín para pedir que se abran diligencias de investigación contra los responsables de las obras del trazado de AVE por posibles delitos contra la seguridad de los trabajadores y de prevaricación administrativa ante la "concentración de accidentes", en las infraestructuras, algunos de ellos, "mortales".
En la denuncia, esta central sindical ha hecho un repaso por los numerosos accidentes registrados en las obras de construcción de la Alta Velocidad que conecta la meseta con Galicia desde el año 2003, con especial incidencia en la provincia orensana, el primero de ellos, ocurrido el 2 de abril de 2003, cuando murió un ingeniero de 37 años, atropellado en uno de los túneles ubicados en Vilar de Barrio. El último suceso se produjo en el día de ayer en el túnel del AVE en la localidad orensana de Laza donde varios operarios tuvieron que ser evacuados tras resultar heridos después de incendiarse un generador en el interior del túnel.
La CIG ha contabilizado otros dos incidentes en 2014, cuando por un lado, murió un trabajador de 42 años al caer de una pala excavadora, en el tramo de A Gudiña a Vilariño de Conso y, por otro, se produjo un incendio en el túnel del Corno (Vilar de Barrio) que provocó la evacuación de trece trabajadores. Entre 2015 y 2017, las obras del AVE dejaron otras dos víctimas mortales, un trabajador, en el tramo de Prado-Cerdedelo, y otro, en el interior del túnel del Corno, en Laza, además de varios accidentes laborales.
A pesar de ello, la CIG ha acusado a las diferentes Administraciones y organismos de no haber hecho nada para solventar esta situación a pesar de las "múltiples denuncias" presentadas, tanto ante la Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Subdelegación del Gobierno en Ourense, cuya respuesta se ha limitado a "promesas de analizar la siniestralidad en la zona".
Desde esta central, advierten de que la "concentración de accidentes" laborales registrados especialmente en el tramo que comprende A Gudiña y Vilar de Barrio, es "de tal magnitud que revela, no sólo un deficiente funcionamiento de los servicios públicos, sino una dejadez absoluta" tanto en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral por parte de las empresas adjudicatarias como por parte de las Administraciones públicas al entender que son los órganos encargados de velar porque se cumplan las medidas de seguridad. Por este motivo, han pedido que se abra una investigación a fin de dirimir responsabilidades penales por estos hechos.
