El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha apuntado este miércoles, en respuesta a una pregunta en el Pleno del Parlamento de Galicia, que el Gobierno autonómico ha acondicionado espacios para separar víctima y agresor en catorce juzgados de la comunidad. En concreto, estas obras de acondicionamiento se han dado en los juzgados de las siete ciudades gallegas, así como en Ordes, Bande, O Barco, Verín, Cambados y Marín, mientras que los trabajos en Viveiro están en curso.
Con respecto a otras medidas para separar a agresor y víctima en sede judicial, el vicepresidente autonómico ha destacado que la Xunta de Galicia “facilita mamparas a todos los juzgados que los solicitan”, mientras que las propias autoridades judiciales, los funcionarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “toman medidas de carácter organizativo para preservar la intimidad de las víctimas”.
Por otra parte, Rueda ha destacado el incremento de las salas de vistas con sistema de videoconferencia -todos los juzgados gallegos cuentan al menos con una desde 2017-, una medida incluida en el Plan Senda 2020. Con el objetivo de proteger a las víctimas, principalmente a los menores, la Xunta también está incorporando las salas Gesell -con dos habitaciones separadas por un vídeo de visión unilateral-; ya están habilitadas en Ourense, se está trabajando para implementarlas en Lugo y Santiago y se incluirán en el programa funcional de los nuevos edificios de Pontevedra Vigo.
Por último, el vicepresidente también ha destacado la puesta en marcha del turno de guardia psicológica y social de violencia de género o el impulso de las siete Oficinas de Atención a la Víctima del Delito, con la dotación de psicólogos sociales en cada una de ellas. La diputada que ha planteado la interpelación, la viceportavoz del Grupo Común da Esquerda Carmen Santos, ha lamentado que Galicia “sólo cuenta con dos juzgados de competencia exclusiva para atender casos de violencia machista, el resto son de competencia única”. En este sentido, la parlamentaria le ha pedido al vicepresidente autonómico “que muestre el mismo interés por reclamar al Estado estos juzgados que por reclamar los 700 millones de euros de las entregas a cuenta”.
