La organización ecologista Oceana ha defendido hoy la reapertura del procedimiento contra la empresa Vidal Armadores por presunta pesca ilegal en aguas de la Antártida, cuyo archivo sentenció el Tribunal Supremo, argumentando "falta de jurisdicción" de los jueces españoles.
Oceana señala en un comunicado que el Supremo decidió, en una sentencia del pasado mes de diciembre, sobreseer el caso contra Vidal Armadores, compañía investigada por la Audiencia Nacional por delitos vinculados a la pesca pirata -daños ambientales, blanqueo de capitales, falsedad documental o crimen organizado-. Esta ONG presentó un "incidente de nulidad de actuaciones", que en la práctica significa impugnar el fallo favorable a Vidal Armadores y pedir que no se cierre la causa. Según precisa hoy Oceana, el Supremo "ha aceptado admitir a trámite" su escrito.
De esta forma, se abre la puerta a que el alto tribunal "escuche" a Oceana, ya que en su escrito esta organización alegó que se había sentido "indefensa" por la forma en que fue tramitado el recurso de casación de Vidal Armadores ante el Supremo, contra las resoluciones de la Audiencia Nacional. Oceana se había personado en el procedimiento sobre pesca pirata en la Audiencia Nacional, que estaba en fase de instrucción. "No podíamos creernos el fallo del Tribunal Supremo (...) No podíamos creer que decidiera echar por tierra la labor pionera del Gobierno español en la lucha contra la pesca ilegal", según el director ejecutivo de Oceana en Europa, Lasse Gustavsson. "Permitir estas operaciones (la pesca ilegal) es una vergüenza para España y un escándalo internacional", según Gustavsson.
Oceana se ha referido a las operaciones que impulsó el Gobierno español (Sparrow I, Sparrow II y Yuyus) que concluyeron precisamente con sanciones de 17 millones de euros contra un entramado de empresas, entre las que figuró Vidal Armadores, tras múltiples actuaciones en Galicia. Según la ONG, la decisión del Supremo "podría aplicarse a todos los delitos cometidos por ciudadanos españoles en alta mar, con escasas excepciones como terrorismo o narcotráfico".
El abogado del despacho Islaw (que representa a Oceana) José Antonio Infiesta ha declarado a Efe que se trata de "reabrir" el debate y evitar el archivo de la causa contra la pesca ilegal: "queremos volver a empezar (el procedimiento) para que se nos escuche". Otra ONG, Greenpeace, ha seguido los mismos pasos que Oceana y ha presentado otro escrito contra el dictamen del Supremo en la misma línea, según las mismas fuentes.
