viernes. 29.03.2024

Los pescadores del Cantábrico noroeste están inquietos y preocupados, en cierta medida, por los interrogantes que ha creado la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la regulación del plan de gestión de ese caladero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló en favor del recurso de las empresas armadoras Parleros y Pesquerías Playas de Fontán, y declaró nula concretamente la orden ministerial que regula la pesca para buques que faenan en aguas del Cantábrico y noroeste.

 

En dicha normativa, el Gobierno implantó por ejemplo un sistema de gestión por puertos o provincias, para especies como la caballa (verdel o xarda) o jurel, al igual que ha hecho en otras aguas nacionales, para tratar de evitar lo que se conoce como "pesca olímpica", es decir el primero que llega el primero que captura. La orden también concierne a la transferencia de cuotas entre las embarcaciones. El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha declarado que su departamento revisará la sentencia, que aún no es firme y podría recurrirse.

 

En su dictamen, los jueces hacen referencia a un defecto de forma, al alegar que no hubo informe previo del Consejo de Estado de cara a esa orden. Mientras que el Gobierno confirma si impugnará el fallo o si cambiará la normativa, el sector pesquero cantábrico está "muy preocupado" por una situación incierta, según ha declarado hoy a Efe la gerente de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Lugo, Mercedes Rodríguez. Aunque en estos momentos la sentencia no tiene consecuencias prácticas, los pescadores tienen "dudas", pues el plan de gestión propició que las flotas acometieran inversiones, según Rodríguez. Por ello, esta organización ha solicitado información y "aclaraciones" a la Secretaría General de Pesca.

 

En la misma línea, el portavoz de Pesca del PP en el Congreso de los Diputados, Joaquín García Díez, se ha hecho eco hoy, en declaraciones a Efe, de la incertidumbre de la flota y las cofradías, a quienes el Gobierno debe ofrecer "una aclaración urgente". Ha señalado que el sector necesita "la máxima seguridad jurídica" y que esta situación se subsane "lo antes posible para que nadie se aproveche".

 

El diputado popular se ha referido también a que la sentencia alude a un defecto de forma, y ha confiado en que no afecte al régimen que impulsó el Gobierno con ese plan, pues supuso una modificación hacia una gestión pesquera más rentable y responsable. García Díez ha explicado que, entre las dos opciones que tiene el Ministerio, figuran tanto el recurso como una revisión de la orden, pero habrá que esperar a ver cómo se combinan o cómo se actúa para "salir" de esta situación. Otra cuestión es conseguir para que quede cubierto legalmente el período que habría entre la fecha de la sentencia y una hipotética nueva regulación, de manera que no haya vacíos legales.

 

El portavoz popular ha confiado en que todo se clarifique, sin grandes problemas, pero ha admitido que la sentencia añade un interrogante más a un sector económico que vive muchos cambios a la vez. En ese sentido, ha aludido a retos como la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y las medidas contra el descarte de peces o a los requisitos para recibir las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero 2015-2020.

 

Inquietud entre los pescadores por la sentencia contra el plan del Cantábrico