viernes. 29.03.2024

Galicia contará con la primera ley de acuicultura de la Unión Europea (UE), con el proyecto aprobado por el Consello de la Xunta la pasada semana, que será sometido a exposición pública con carácter inmediato. La nueva ley, que hoy fue explicada en un encuentro de la conselleira del Mar, Rosa Quintana, y el secretario general, Juan Maneiro, con los informadores, pretende dar un impulso a esta actividad promoviendo la agilidad administrativa y la seguridad jurídica. Quintana destacó que se trata de una actividad imprescindible para hacer frente a las previsiones de la FAO a 50 años, con un incremento de la población en 2.300 millones de personas y de un 70 por ciento en la necesidad de alimentos.

 

Dado que parte de esos alimentos tendrán necesariamente que ser de origen acuático, la "producción natural" y la pesca extractiva serán insuficientes, lo que ha llevado a la UE a apostar por la acuicultura, que ya es tratada como una actividad más en la última reforma de la política común. Quintana recordó que España ya ha dado pasos con el plan estratégico de acuicultura de 2014 y la Xunta persigue desde 2009 los dos objetivos señalados con la aprobación de distintas normas, como la declaración de actividad prioritaria de 2011 y la estrategia gallega de acuicultura, de 2012, o los posteriores planes de actividad y guía de integración paisajística, con la idea de situar a Galicia en el "primer puesto de salida".

 

La conselleira apuntó que se trata de una ley muy "técnica y compleja", con 15 títulos y 138 artículos, que desarrolla todos los rasgos específicos de esta actividad y su ubicación en las distintas zonas: marítima, marítimo-terrestre, litoral y terrestre. Rosa Quintana insistió en que, con este texto, se reducirá notablemente la "muy pesada" carga administrativa que conllevaba una iniciativa en este terreno, de manera que desde la idea hasta la puesta en marcha podían en la actualidad pasar cinco, seis o más años.

 

En el ámbito administrativo, se crearán dos comisiones, una técnica de acuicultura y otra interadministrativa, que agrupe a todos los departamentos que deban emitir informes. En cuanto a la seguridad jurídica, se clarifican las competencias de cada departamento, se regulan las modificaciones de títulos habilitantes, que tendrán una duración de 50 años y la posibilidad de otros 50 de prórroga, y se establece el silencio administrativo positivo para la tramitación de las prórrogas, con un plazo de solo seis meses.

 

Además, la Xunta puede decretar zonas de interés preferente para estas instalaciones, en función de la falta de actividad económica, caídas del empleo o de la demografía y otros parámetros, y se procura la integración de la acuicultura en el medio ambiente, con una especial relevancia a su protección, de acuerdo con el cambio climático, los planes hidrológicos, la capacidad de las zonas o la imposición de un seguro de responsabilidad civil y posible exigencia de avales. Además, figura la obligación de que, concluida la actividad, la zona quede en el mismo estado anterior al inicio y un "largo catálogo de prohibiciones", entre las que figura la introducción de especies foráneas.

 

También abre la posibilidad de la transformación de la actividad de extracción en acuicultura y la constitución de cultivo colectivo, en el que tendrán prioridad las asociaciones constituidas y las cofradías que ya explotaban ese ámbito territorial. Preguntada por la situación en la Red Natura, recordó que la propia directiva Hábitat no excluye esta actividad y subrayó que ya el plan estratégico establecía zonas en función de la protección, de manera que la exigencia ambiental también asciende hasta llegar a la máxima, que sería el último recurso de ubicación. Otros aspectos contemplados en la ley que ahora se somete a exposición pública se refieren a la explotación de aguas exteriores a las rías, que tienen la ventaja de una menor contaminación por la presencia humana y menor competencia por el espacio.

 

Rosa Quintana resaltó la importancia de esta actividad no solo desde el punto de vista puramente comercial, sino también por lo que supone de impulso al I+D vinculado a ella, un factor que se suma a las potencialidades naturales de Galicia, que cuenta con tres universidades y centros del CSIC y de la Administración autonómica que están trabajando en la materia. En este sentido, Juan Maneiro señaló que cuando se deslocaliza una explotación de acuicultura no es solo esa inversión inmediata y sus consecuencias de desarrollo económico y de empleo, sino también una transferencia de tecnología que es un valor en sí misma. Maneiro comentó que, después de un "parón total", en los últimos años se está registrando un "interés creciente" por desarrollar proyectos en la Comunidad autónoma.

Galicia contará con la primera ley de acuicultura de la Unión Europea