jueves. 28.03.2024

El Gobierno de España pedirá a la Comisión Europea (CE) que se aprueben descensos más moderados, a los actualmente propuestos, para las capturas de merluza del sur y de jurel en 2020 y asegurar así la sostenibilidad de la flota pesquera afectada por los recortes.

 

Así lo ha indicado hoy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, en una conferencia de prensa previa a la celebración del Consejo Consultivo Agrícola y Pesquero y de la Conferencia Sectorial de Pesca con las comunidades autónomas. Uno de los asuntos centrales tratados en el Consejo Consultivo ha sido el reparto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de las poblaciones pesqueras del Atlántico y del mar del Norte que aprobará la UE para 2020.

 

La propuesta inicial de la Comisión Europea incluye reducciones del 20 % en las capturas de la merluza del sur respecto a 2019 y de entre el 42 y el 50 % para el jurel, dependiendo de la zona. También se proponen descensos en las cuotas del lenguado mientras que la CE mantiene el cierre de la pesquería para la cigala.

 

España, según ha afirmado Planas, defenderá "descensos mucho más moderados" para la merluza del sur basándose en dictámenes científicos que así lo señalan; el objetivo es salvaguardar la actividad de 1.200 buques pesqueros que dependen "altamente" de esta especie. En el jurel, el ministro ha dicho que el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM) ofrece alternativas con reducciones menores a las pedidas por la Comisión y que permiten "respetar" los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Sobre la cigala, ha incidido en que habrá que esperar a la conclusión de los estudios para pedir la reapertura de esta especie.

 

Ha subrayado el compromiso de España con la explotación sostenible de los recursos pesqueros combinando los aspectos medioambientales, sociales y económicos. De hecho, ha recordado que 2020 es la fecha límite fijada en la Política Pesquera Común (PPC) para alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).

 

Desde Galicia, su conselleira del Mar, Rosa Quintana, ha calculado en 86 millones de euros el impacto negativo que tendría para la flota gallega de la merluza del sur y el jurel la aprobación de la propuesta de la CE, lo que generaría un impacto social y económico que "no se puede permitir". En Andalucía, no lo tienen calculado pero afectaría a 200 barcos y 1.500 pescadores de arrastre y cerco del Golfo de Cádiz. La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se ha mostrado en contra y ha añadido que los pescadores ya son "muy sensibles" a la sostenibilidad medioambiental.

 

En la reunión también han abordado los temas que se tratarán en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, especialmente lo relativo a los últimos avances para cerrar las perspectivas financieras 2021-2027 de las que depende la Política Agrícola Común (PAC). Según el ministro, España ha apoyado ayudas basadas en ecoesquemas para la ganadería, la implementación de la arquitectura verde o avanzar en la definición del agricultor genuino.

 

Ve prioritario conseguir un buen presupuesto porque es "fundamental" para "equilibrar" la PAC, la cohesión entre los territorios y el "resto de políticas" importantes para el sector agroalimentario. Desde Aragón, su consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, considera tan importante como el presupuesto saber cómo aplicarlo: es un "reto político" para España. La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, ha señalado la importancia de que la futura PAC sepa incluir las "singularidades" de cada territorio.

 

La consejera andaluza ha apuntado la necesidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defienda en las próximas reuniones que tendrá "al máximo nivel" la necesidad de una PAC "fuerte" para el próximo período. Por su parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido un modelo de agricultura en la futura PAC que "verdaderamente" apoye a la actividad profesional o fomente el desarrollo rural y para ello ve necesario aspectos como la desvinculación de los derechos históricos.

 

En la reunión también se ha dado el visto bueno a la concesión de 200.000 euros de ayudas a los pescadores del Mar Menor afectados por la parada durante un mes de su actividad debido a la aparición de miles de pescados muertos. La Comunidad Valenciana ha aprovechado para pedir una mejora en el modelo de los seguros agrarios, a través de más fondos del Estado y primas más bajas al agricultor, y más control a la entrada de cítricos sudafricanos en algunos puertos europeos. En el Consultivo Agrícola y Pesquero y en la Conferencia Sectorial de Pesca han estado representadas todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco.

España pedirá a la CE descensos más moderados en la captura de merluza y jurel en 2020