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Operación Pokémon

Investigan supuestos enchufes del alcalde, concejales y la Diputación de A Coruña

Jueves, 23 Abril 2015 13:19
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La jueza Pilar de Lara investiga, en el marco de la Operación Pokemon, supuestos enchufes del alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; siete concejales y el presidente de la Diputación provincial, Diego Calvo, entre otras 44 personas. La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo ha emitido un auto al que ha tenido acceso EFE, en el que nombra a 57 empresas de todos los ámbitos y a 44 personas de las que solicita información al Servicio de Vigilancia Aduanera, que pedirá a su vez a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social.

 

La petición surge a raíz de un informe que habla de "posibles tráficos de influencias relacionados con la presunta recomendación de personas realizadas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña". Entre los nombres investigados destacan el del regidor de A Coruña y el del presidente de la Diputación, así como de siete concejales de la ciudad, que son la actual número dos de la lista del PP, Rosa Gallego -del área de Contrataciones-; Martín Fernández Prado -de Infraestructuras-; Francisco Mourelo -de Deportes-; Carmen Hervada -de Barrios-; y Begoña Freire -de Movilidad-.

 

Junto a ellos está la edil y también vicepresidenta de la Diputación, Mariel Padín, y la única que se cae de la lista electoral de las próximas elecciones municipales, Ana Fernández -Cultura-, que desvinculó esta ausencia de la Operación Pokemon. Múltiples altos cargos del Ayuntamiento, con destacados puestos de libre designación muy cercanos al alcalde o a los concejales, acompañan a estos nombres hasta completar una cifra de 43, aunque también figuran personas de otros ámbitos como la prensa.

 

El actual candidato a la Alcaldía de Ourense y exconselleiro de Educación, Cultura y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Abad, también se encuentra en esta relación de investigados. La jueza piensa que la empresa Vendex, que centra la trama de supuesta corrupción, "habría implantado una política empresarial conforme a la cual, y siempre presuntamente, para lograr adjudicaciones de las Administraciones Públicas en toda España, se concertaría con aquellas autoridades municipales y funcionarios para, directa o indirectamente realizar actos o influir en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación".

 

La finalidad sería "obtener diferentes contratos con las administraciones y muy en especial con la local", sostiene. Para gratificar la actuación de tales políticos y funcionarios en la consecución de los contratos y servicios adjudicados al Grupo Vendex por las distintas Administraciones Públicas, además de realizar posibles pagos de dinero a algunas de tales personas, o entregas de regalos, se encargaría de contratar a distintas personas "recomendadas" por las distintas autoridades, continúa el auto. De Lara llama la atención acerca de que "aunque la contratación de tales personas recomendadas se lleve a cabo en empresas privadas, las mismas obtendrían importantes beneficios de índole económica". Vulnerarían "los principios de igualdad al derecho al empleo" y "al tratarse de empresas concesionarias de servicios públicos, se convertirían prácticamente en funcionarios, desde el momento en el que en la mayoría de los casos, en las siguientes concesiones pasan a ser personal subrogado".

 

"Uno de los Ayuntamientos donde se ha llevado a cabo esta práctica presuntamente corrupta es el Ayuntamiento de Coruña, donde José María Tutor Lemos -delegado de Vendex en Galicia- contaba con importantes contactos", añade. Piensa la magistrada que "las personas enchufadas son en ocasiones, parientes o amigos de los cargos y empleados públicos del Ayuntamiento" y "en otros casos, se trata de personas afines al Gobierno municipal". Según De Lara, es el doble imputado -por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho- Julio Flores, que es número dos de Negreira, aunque no estará en las próximas elecciones, el presunto encargado de algunos de estos movimientos a los que vincula también a Miguel Lorenzo, edil de Servicios Sociales. La Operación Pokemon tiene una pieza separada en A Coruña, la Pikachu, en la que se acumulan cerca de sesenta imputados que tienen vinculación con el Ayuntamiento.

 

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