El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Jaime Castiñeira, planteó hoy la posibilidad de que el Ayuntamiento de Lugo opte por una asesoría externa para hacer frente al problema suscitado por las dos sentencias contrarias a la urbanización y construcción en la parcela de O Garañón, porque considera que existe en el gobierno local un claro "conflicto de intereses".
"El gobierno local no está legitimado para defender los intereses de los lucenses en este tema, dado que una concejala actual avaló con su voto este proyecto y otro tiene relación directa con quien también lo hizo", dijo Castiñeira. A su juicio, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, "lleva perdidos casi dos años en buscar una salida para esta urbanización, porque se ha desentendido de una cuestión que está encima de la mesa desde su llegada".
De hecho, recordó que el PP fue el promotor del primer acuerdo que adoptó el pleno con Lara Méndez como alcaldesa, precisamente para "la creación de una comisión específica" que trabajase para evitar el pago de una indemnización millonaria al constructor, pero "nunca fue convocada" a causa de la "permanente huida hacia delante del PSOE". "La única manera que tenemos de librarnos de una indemnización millonaria será que haya una condena -por lo Penal- contra los que aprobaron y gestionaron el convenio y, a consecuencia, que lo anule", zanjó.
Se da la circunstancia de que la polémica urbanización de O Garañón está siendo investigada por vía penal, un caso del que se ha hecho cargo la jueza Pilar de Lara y en el que están imputados el anterior alcalde, José López Orozco, y el que fuera concejal de Urbanismo y secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.
