Los dos ediles del BNG en el Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo y Maite Ferreiro, han recibido una citación judicial a causa de la demanda que interpuso contra ellos la empresa Inca, concesionaria de la explotación de la minicentral eléctrica conocida como la Fábrica da Luz, a causa de su participación en la movilizaciones contra la construcción de un dique en el río Miño que posteriormente fue declarado ilegal.
La empresa que construyó ese dique, que ya tuvo que ser retirado por orden del Ministerio de Medio Ambiente, denunció a ambos ediles por "coacciones" y ambos han sido citados para comparecer en un juicio que se celebrará el próximo 10 de marzo.
Según explicaron hoy los propios ediles, en esa misma citación, emitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, aparecen "como demandadas para prestar declaración un total de nueve personas que forman parte de la plataforma Lugo de Cara ao Miño". Tanto Arroxo como Ferreiro coincidían hoy al afirmar que "defender el río" Miño "no es un delito" y que el BNG "está donde tiene que estar, al lado de las personas que defienden causas justas".
