Cechalva, una de las empresas investigadas en el marco de la operación Pokemon por el supuesto pago de sobornos a políticos, cobra anualmente medio millón de euros por la retirada de menos de tres coches al día con grúas que son propiedad del Ayuntamiento de Lugo y eso a pesar de que el contrato de la concesión caducó en diciembre de 2015, según denunció el grupo municipal de Lugonovo.
"Sin contrato, de una forma irregular y con la objeción, mes a mes, del interventor", dijo el portavoz de Lugonovo, Santiago Fernández Rocha, el Ayuntamiento está pagando "por una prestación" que no es "leal con las necesidades reales de la ciudad". Un comportamiento, añadió, que "invita a pensar que obedece a una sobredimensión intencionada", porque además, desde que "expiró la concesión", la propia dotación de la empresa "ha pasado a ser municipal", pero la concesionaria "sigue percibiendo el mismo importe que cuando era dueña del material".
"Si los vehículos ya están amortizados, se puede deducir que ahora Cechalva está incluso mejor gratificada que antes", añadió el portavoz del Lugonovo, quien opina que "lo que se paga por el servicio está completamente descompensado con respecto a lo que se demanda". A su juicio, esta realidad "no es fortuita ni aleatoria".
