El abogado que ha representado a Fernando Blanco por su imputación en la llamada Operación Campeón, Xoán Antón Pérez Lema, ha informado de que el exconselleiro nacionalista ha formulado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia como consecuencia de la "pena de banquillo" que tuvo que sufrir durante años como consecuencia de un "funcionamiento anormal" de la propia administración.
En declaraciones a EFE, el letrado ha confirmado que la reclamación fue formalizada el pasado 8 de noviembre, solo unos días antes de que venciese el plazo para su presentación. Aclaró que se trata de una reclamación por un importe superior a los 232.000 euros, dado que Fernando Blanco reclama 220.000 euros por los "daños morales" que le ocasionó su imputación en la llamada Operación Campeón, porque "su carrera política quedó totalmente liquidada", cuando llegó a ser conselleiro de Industria en el gobierno bipartito, además de sufrir durante siete años la llamada "pena del telediario".
Además, el exconselleiro también reclama 12.528 euros por los gastos jurídicos que le ha provocado esa imputación. Pérez Lema explicó que, aunque normalmente la Administración es bastante restrictiva a la hora de satisfacer ese tipo de reclamaciones patrimoniales, pocas veces se ha adoptado por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una medida en el ámbito disciplinario en la que se reconoce abiertamente un grave incumplimiento de deberes por parte de juez, en este caso de la magistrada Pilar de Lara.
"Se está reconociendo una desatención que perjudica gravemente a Fernando Blanco", dijo el letrado, objeto durante años "de una investigación personal y patrimonial" y de la conocida como "pena de banquillo", que lo obligó a renunciar a sus responsabilidades políticas. Según el letrado, "eso se puede cuantificar económicamente y se puede reclamar, por lo que lo hemos hecho"".
Pérez Lema insistió en que esa reclamación responde a los graves perjuicios que sufrió su cliente, víctima "de una causa general, de un despropósito, en el que hubo una vulneración masiva de sus derechos, lo que derivó en una gravísima pena de banquillo". El letrado entiende que la jueza Pilar de Lara es responsable de haber "prolongado de forma indefinida" la causa" y de haber "obstaculizado un trámite que tenía que ser de sobreseimiento", a pesar de que la defensa solicitase hasta en cuatro ocasiones, y de forma argumentada, su archivo.
