La defensa del que fuera alcalde de Lugo José López Orozco en el llamado Caso Garañón ha presentado también recurso ante el Juzgado de Instrucción número 2 contra el auto dictado por la jueza Pilar de Lara que pone fin a la instrucción de la causa y propone llevarlo a juicio por los delitos prevaricación, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y falsedad documental. El letrado Gregorio Arroyo explicó, en declaraciones a Efe, que el auto de la jueza De Lara está plagado de “conjeturas y sospechas” y trufado de “una forma de actuar que no se debe manejar” nunca “en una resolución judicial”, por lo que solicita su nulidad.
“No hay indicios claros y describe una situación como novelada”, dijo el abogado del exalcalde, quien también opina que la “prisa” de la magistrada por dictar el auto y “la situación caótica y prospectiva del mismo”, dado que “tiene fecha del día anterior a la fecha en la que se confirma la sanción del Consejo General del Poder Judicial” a la propia jueza, “da la impresión de que se trata de una represalia o venganza”. En el propio escrito, la defensa afirma que “la notificación precipitada” de dicho auto “se puede entender, dicho sea con todos los respetos”, como “una represalia” contra el propio López Orozco. De hecho, avisa de que “de no abstenerse, no solo podría llevar aparejada una responsabilidad disciplinaria, sino por tener una apariencia de represalia o venganza en contra de quien responsabiliza de su sanción, constituir un acto posiblemente prevaricador, todo ello con independencia de la nulidad de tan meritado auto”.
En cuanto al contenido del mismo, sostiene, en todo caso, que es “un mal ejemplo de cómo convertir meras conjeturas y sospechas en un indicio criminal”, porque “partiendo de unas supuestas irregularidades administrativas”, la instructora acaba por atribuirle al exalcalde “nada menos que la supuesta comisión de cuatro delitos” y “ello con tan solo tres referencias al señor López Orozco”. En la misma línea, recuerda que “esa y no otra es la instrucción que han padecido durante años los investigados, viendo como sus escritos se eternizaban en la mesa de la magistrada, mientras se actuaba con inusitada rapidez, con movilización de todo tipo de medios”, ante “la caída de una perrita por una ventana”, hasta el punto de decretar una orden de alejamiento “de los dueños respecto” al animal. “Coincidimos con la instructora en que los perritos son seres que sienten, aquejados a veces de estrés, pero, ¿y los investigados?, del género humano, ¿no lo son? ¿Pueden permanecer durante años bajo sospecha, afectando gravemente a su entorno familiar, profesional y político?”, se pregunta la defensa de López Orozco en el recurso. A su juicio, “la respuesta a todo ello está en la resolución sancionadora de la Comisión Disciplinaria, confirmada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial”. Por otra parte, recuerda que la Justicia tiene que proceder “con indicios sólidos y con fundamento”, cuando en esta causa se observa “un cierto grado de manipulación por parte de la instructora de informes y documentos”, porque “interpreta erróneamente” cualquier “resolución o informe en el ámbito administrativo” en un “ilícito penal”, con “total olvido del principio de mínima intervención que rige el derecho penal”.
