jueves. 28.03.2024
Operación Pokémon

Indagan si un cargo de la Diputación de Lugo justificó gastos no realizados

La jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, sospecha que la jefa de la Unidad de Proyectos de la Diputación de Lugo, Ana Belén Mera, pudo cometer los delitos de negociación prohibida a funcionarios, prevaricación y falsedad documental, según se desprende de la documentación que figura en la última entrega del sumario de la Operación Pokemon, a la que EFE ha tenido acceso.

 

 

La jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, sospecha que la jefa de la Unidad de Proyectos de la Diputación de Lugo, Ana Belén Mera, pudo cometer los delitos de negociación prohibida a funcionarios, prevaricación y falsedad documental, según se desprende de la documentación que figura en la última entrega del sumario de la Operación Pokemon, a la que EFE ha tenido acceso.

 

Según figura en los autos firmados por la propia jueza instructora para autorizar la intervención de las comunicaciones de esa funcionaria -interina-, uno de los ingenieros que trabaja para la Diputación Provincial de Lugo explicó en su declaración que la jefa de la Unidad de Proyectos es la "encargada de inspeccionar y supervisar obras contratadas" por la institución provincial, pero "incumple sus obligaciones".

 

De hecho, ese mismo testigo precisó que la funcionaria investigada llegó a "justificar gastos no realizados por determinados contratistas, con el perjuicio económico que ello supone para la Diputación". La jueza sostiene en uno de los autos que figura en el sumario que esa declaración "viene a corroborar íntegramente las sospechas que se inferían a través de las intervenciones telefónicas" autorizadas en el marco de la investigación.

 

De hecho, manifiesta la instructora, al revisar las bases de datos de la Agencia Tributaria, los investigadores comprobaron que la jefa de la Unidad de Proyectos estaba "dada de alta como autónoma" en el año 2011 y, además de los casi 29.000 euros que percibió de la propia Diputación, declaró más de 32.800 euros de ingresos procedentes de empresas privadas.

 

En concreto, esos ingresos procedían de dos empresas constructoras, dedicadas en su actividad también al sector de la obra pública, y de una firma de ingenieros consultores.

Indagan si un cargo de la Diputación de Lugo justificó gastos no realizados