La exconcejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, actualmente fuera del equipo de gobierno, ha manifestado hoy que no comparte la resolución judicial en la que se mantiene su imputación en la causa de las asistencias técnicas y ha explicado que, de las cinco que están siendo investigadas, "cuatro no corresponden" a la Concejalía de su competencia. En un comunicado remitido a la prensa, Soto ha señalado que las cinco asistencias técnicas a las que se refiere el auto dictado por el juez de instrucción número uno de Ourense, que transforma en acusación la denuncia, "fueron contratadas por el actual gobierno municipal ajustándose estrictamente a la ley".
"Estas cinco asistencias técnicas se realizaron en los mismos y exactos términos que las más de veinte contratadas por los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular, sin que sobre éstas se haya producido denuncia o investigación alguna", ha abundado Soto.
También ha recordado que los reparos levantados son "un mecanismo legal para abonar servicios que, de no pagarse, se incurriría en enriquecimiento ilícito de la Administración". Soto, quien ha calificado de "sorprendente la resolución del juez", ha cuestionado el proceso que "se corresponde con una denuncia presentada por el antiguo jefe de servicio de personal" y representante de la CIG, Javier García Gago, detrás de la cual ve motivos personales.
García Gago, "funcionario municipal con un sueldo bruto de más de 60.000 euros anuales, solicitó la compatibilidad para dar clase en la Universidad de Vigo a pesar de que la ley de Incompatibilidades la prohíbe cuando se percibe un sueldo mayor que un Director General del Estado -53.000 euros", ha recordado Áurea Soto en esta nota. Por este motivo, considera que "en aras de conseguir sus fines, denunció a la concejala de Urbanismo, al alcalde y la directora general de Recursos Humanos para recusarlos, forzar los plazos de los trámites e impedir que votaran su incompatibilidad en esos plazos determinados al efecto".
Precisamente, el recurso de incompatibilidad de este funcionario fue lo que originó la división del gobierno socialista, al abandonar el pleno cinco concejales socialistas, vinculados con el sector crítico del partido, para no tener que votar este punto. Soto ha apuntado que como jefe de servicio de personal con los Gobiernos del PP, la Oficina de Rehabilitación funcionó con más de 20 asistencias técnicas, de lo que era "perfectamente conocedor".
Por otra parte, ha cuestionado la investigación judicial así como el tiempo en el que se prolongó, durante más de un año, "para investigar cinco asistencias técnicas", que supuso la imputación de once concejales y directores generales del PSOE y del BNG. Un cúmulo de "daños colaterales para los afectados, tanto políticos y económicos como personales", ha apuntado, que han afectado "gravemente a su buen nombre e imagen pública". Por otra parte, Soto ha lamentado que el juez haya considerado prevaricación las últimas cinco asistencias técnicas, "pero no todas las anteriores bajo el mandato del PP y de su jefe de servicio de personal".
Este mismo juez de instrucción número 1 de Ourense "acaba de transformar en acusación de prevaricación administrativa la querella de un muy conocido promotor ourensano por la legalización en el 2007 de la plaza de san Antonio construida en 1999, 2000 y 2001 bajo el gobierno del PP". En este sentido, ha señalado que tampoco comparte esa resolución que ve "injusta como demostraré en el juicio", para lo cual ha pedido "rapidez" a la hora de fijar la fecha. Para ello, ha recordado que este mismo juez tiene "hace más de 6 meses sobre su mesa pendiente de investigación quince proyectos de compensación y el informe elaborado en el 2004 por dos técnicos municipales que cuantifican en 1,6 millones de euros la cantidad que se hurtó a las arcas durante los gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Ourense, asunto en el que, por ahora, sólo llamó a declarar a la Concejala de Urbanismo del PSOE", ha concluido.
