El alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, ha asegurado este martes ante los juzgados que tiene la "conciencia tranquila" ante su imputación por un presunto delito de prevaricación relacionado con la certificación de su vivienda, una denuncia que confía en que no tenga recorrido tras criticar los "intereses bastardos" y "espúreos" de los grupos de la oposición.
El popular, quien ha acudido esta mañana a declarar al juzgado de O Carballiño como presunto autor de tres delitos de falsificación de documento público, prevaricación urbanística y tráfico de influencias, ha respondido antes de entrar a las preguntas de los periodistas.
En declaraciones públicas, Caamaño ha defendido que "obró siempre correctamente" y ha achacado "a un error" la aparición de un documento con una fecha certificando que la vivienda suya y de su mujer se realizó diez años antes de que fuera construida. "Alguien cometió un error totalmente subsanable que no debe tener ningún recorrido", ha argumentado el alcalde y candidato del PP por esta localidad.
Entonces, un denunciante particular acusó al alcalde de "inventar" una edificación para justificar una ampliación del núcleo rural tradicional de A Almuzara con el fin de que "quedase incluida en el mismo la parcela del alcalde y su esposa, y legalizar así una vivienda suya". En la denuncia, este particular y posteriormente PSdeG y Move Boborás denunciaron que el regidor falseó la fecha de construcción, pues dio de alta la vivienda con fecha de 1999 "cuando fue edificada a partir de 2008".
La construcción edificada sobre suelo rústico fue denunciada en 2011 por un edil de Moveboborás ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia, que archivó la denuncia. Caamaño ha atribuido esta denuncia a un posible interés de los grupos de la oposición de intentar sacar algún resultado electoral "en río revuelto" y de "manipular este proceso". "Llama la atención que la citación se produzca en plena campaña electoral", ha asegurado Caamaño, quien ha hablado de "intereses bastardos, espúreos" de estos grupos, "con ánimo de perjudicar la imagen" del PP, algo que hasta ahora no se ha producido. Así, tras cuestionar "el oportunismo", ha resaltado que todas las denuncias interpuestas contra él han sido archivadas, lo que hace que salga "reforzado".
De las cinco causas contra él, algunas de ellas "en vísperas de elecciones", ha resaltado que todas fueron archivadas. En concreto, ha recordado una denuncia por una supuesta falsificación de una factura, un proceso que fue archivado "de inmediato porque no tenía recorrido ninguno". Además, otros tres procesos "también fueron archivados". La acusación pública le atribuye un supuesto delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
Los denunciantes creen que el regidor certificó la existencia de una vivienda, que no existía para poder justificar una ampliación del núcleo rural de A Almuzara con el fin de incluir en él una parcela suya y de su esposa y legalizar así una vivienda.
En declaraciones a los informadores, el edil de Move Boborás, José Benito González Trigás, ha asegurado que es "difícil de explicar" que se trate de un error, y ha recordado que entonces el PP ya cambió el PGOM para pasar un "terreno rústico a zona urbana", de forma "irregular". Según ha recordado, este regidor ya está "doblemente imputado" por estos hechos, por lo que ha cuestionado que el PPdeG no tome medidas. También ha cuestionado el posible interés electoral detrás de esta denuncia y ha recordado que Caamaño "ya está imputado por otras anomalías" relacionadas con su decisión de "no respetar lo que decía Patrimonio sobre unas construcciones", y también "por desobediencia".
Por su parte, el portavoz del PSOE Alberto Otero -actualmente en una plataforma ciudadana- ha detallado que el regidor, al "darse cuenta" de que hizo la construcción sin licencia, fue cuando "inventó" una casa a través del PGOM para cambiar la delimitación del núcleo, que intentó justificar "diciendo que existió una casa en tiempos pretéritos". Sin embargo, Otero ha asegurado que la planimetría oficial demuestra que no existió dicha vivienda por lo que ha aludido a la existencia de "dos falsedades", en primer lugar por inventarse una casa en la planimetría que no existía y además por presentar un modelo catastral con fecha de 1999 de una vivienda que se hizo diez años después para poder legalizarla. Denuncia que el entonces secretario, y actualmente director general de la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (Aplu), le negó la copia de expedientes en base a un artículo de la ley reguladora "que habla del padrón municipal".
