El veterano alcalde de Vilariño de Conso (Ourense), Ventura Sierra, que se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación tras varias décadas de mandato, ha asegurado hoy que "nunca" tuvo intención de hacer daño a nadie. Fiscalía y acusación popular le atribuyen sendos delitos de prevaricación y falsedad en documento público por presuntas irregularidades en más de una veintena de contrataciones.
En su derecho a la última palabra durante el segundo día de juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ourense, Sierra ha insistido en que su intención "nunca fue de hacer daño a nadie" para tratar de demostrar su inocencia. Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado 14 años de inhabilitación, 9 de ellos por un delito de prevaricación otros 5 de inhabilitación, por el delito de falsedad así como 5 años de prisión por el primer delito.
Para la Fiscalía y la acusación particular ha quedado acreditado que el veterano regidor cometió un delito de falsedad y prevaricación administrativa por contratar a 29 personas durante el 2012 y 2013 en base a su "criterio personal" e "ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad", tal y como establece la Ley.
En sus conclusiones, elevadas a definitivas, el fiscal ha argumentado que el alcalde levantó "múltiples reparos" a pesar de los advertencias de la secretaria sobre su ilegalidad y, para ello, ha asegurado que en las ofertas de trabajo remitidas a la Oficina de Empleo del Inem, algunos candidatos propuestos "no coincidían" con los que finalmente fueron contratados. También ha cuestionado la falta de regulación en las contrataciones hasta el punto de que el Ayuntamiento actuó como "el mayor empleador" de la localidad.
Por su parte, la acusación popular ha considerado probada la prevaricación, por entender que "se saltó" la normativa, "a sabiendas" de su ilegalidad, para contratar a los vecinos de Vilariño en un "proceso injusto de contratación", por entender que levantó decretos "a su voluntad" y bajo su "criterio personal". Durante dicho periodo, el alcalde reconoció que levantó reparos para poder pagar las nóminas a los trabajadores mediante decretos "firmados por él mismo" y sin cumplir los "principios básicos que rigen en la contratación pública", de publicidad, mérito y capacidad aunque en el juicio relató que no le dio mayor "trascendencia".
A preguntas de la acusación popular, una trabajadora de servicios sociales ha admitido que siete personas fueran contratadas por el ayuntamiento "al margen del Inem", mediante decretos de alcaldía. "Dependiendo del perfil llamábamos primero a los que nos gustaban más o que sabíamos que podían estar interesados, algunos ya habían trabajado antes", ha relatado otra trabajadora social, quien ha precisado que las ofertas "las hacía el Inem" y no en el ayuntamiento. La defensa ha pedido, en cambio, la libre absolución para el regidor de Vilariño al entender que no se dan las circunstancias para poder hablar de delitos de falsedad y prevaricación. Respecto a la falsedad, ha considerado que no constan informes escritos por el alcalde y ha añadido que tampoco existe "dolo" ni "ánimo de engañar" en dichas contrataciones.
Para refrendarlo, ha argumentado que sí existió un proceso de selección por el que trabajadores del ayuntamiento del área de servicios sociales o ayuda a domicilio "llamaban a la gente" y se le explicaba el tipo de trabajo que ofertaban, unas veces por teléfono y otras, en persona. Además, el letrado ha defendido que se contratase preferentemente a personas de la localidad dada su situación económica y para "fijar población", aduciendo que la intención de Sierra era que "el empleo se distribuyese", con independencia de la afiliación política.
"Ninguno de los testigos ha dicho que Ventura les haya pedido algo a cambio", ha zanjado el letrado, quien ha defendido además la urgencia de todas las contrataciones puesto que se trataban de servicios sensibles del ayuntamiento, como brigadas, ayuda a domicilio o servicios sociales.
