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El alcalde de Xinzo dice que no leía los decretos que firmaba y defiende su urgencia

Lunes, 02 Octubre 2017 16:21
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El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, ha admitido hoy que no leía los decretos que firmaba para realizar las contrataciones y ha justificado el procedimiento en la "urgencia de las mismas" para "atender las necesidades" de servicios que ha calificado de "prioritarios" en el ayuntamiento. Así lo ha indicado en el primero de los cuatro días de juicio que ha reservado el juzgado de lo Penal número uno de la localidad. Pérez fue elegido en las listas del PP aunque está sin militancia a raíz del procedimiento penal que lo lleva al banquillo por un delito de prevaricación. Se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, petición a la que se adhiere la CIG, sindicato mayoritario en el ayuntamiento de Xinzo, que ejerce de acusación popular, por un delito continuado de prevaricación.

 

Durante la vista, el alcalde ha asegurado que se fiaba del secretario así como de sus informes para dar luz verde a esos contratos y ha sostenido que "nunca" le informaron ni él ni a la adjunta de posibles indicios de irregularidades relativas al tipo de procedimiento y a la imposibilidad de contratar en base a la norma estatal que restringía las contrataciones. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, junto con el pago de las costas procesales, petición a la que se adhiere la CIG. La fiscal ha tratado de probar que el regidor contrató por decreto, para relaciones temporales y, que en otras ocasiones, "prescindió del acto administrativo expreso del decreto de Alcaldía, procediéndose directamente a elaborar los contratos con las personas por él designadas previamente".

 

La fiscal enumera cinco contratos de este tipo. A este respecto, el regidor ha explicado que el procedimiento habitual era realizar un "rondo de preguntas" al finalizar las juntas de gobierno, en las cuales, los concejales le trasladaban las "necesidades urgentes" de su servicio y que eso se lo trasladaba a Secretaría para que iniciasen el expediente de contratación. Según ha asegurado, en todos los casos se trataba de una "renovación de contrato" por entender que era "la persona más adecuada" para justificar que no se hubiese hecho un concurso público. Entre los puestos de trabajo figuran peones de limpieza, auxiliares o un técnico psicólogo, todo ello, sin consultar "previamente" a intervención y sin "las más mínimas garantías" de cumplimiento de requisitos de mérito y capacidad. La causa se inició a finales de 2013 tras varias condenas de lo contencioso, que apreciaban posible desviación de poder en varios contratos sin las debidas pruebas selectivas. A preguntas de la defensa, Pérez ha afirmado que tuvo conocimiento de las irregularidades cuando llegó al ayuntamiento un escrito judicial. La defensa sostiene que el alcalde no era conocedor de algunos reparos puesto que en algún caso no se realizaron hasta seis u ocho meses después de los decretos y que los trabajadores públicos han justificado en "la carga de trabajo". Por esas sospechas, el alcalde justificó haber precintado en su momento el ordenador del exsecretario y su exadjunta. El secretario municipal, que posteriormente asumió también labores de intervención, ha asegurado que informó al regidor, tanto antes de la junta de gobierno local como en las mismas, bien verbalmente o por escrito, de posibles irregularidades en las contrataciones así como de la Ley que limitaba las contrataciones en los ayuntamientos. "El mayor problema era que no había proceso de selección", ha apuntado el secretario, quien ha precisado que "hablamos con él y analizamos" las contratos llegando incluso a presentar su renuncia del cargo. En la misma línea, la adjunta a secretaría ha aclarado que los contratos en el ayuntamiento seguían tres supuestos, que consistían bien en procedimiento de contratación legal, otras veces por decreto de alcaldía y también había contratos directos aunque ninguno de ellos ha sido capaz de precisar quién realizaba los expedientes de contratación. La interventora ha asegurado que el regidor "no seguía los trámites esenciales" relativos a no publicar la plaza, dotación de crédito y que le presentó varios reparos, que el regidor levantó. Incluso ha indicado que llegó a decirle en alguna ocasión: "Vienes diciendo lo de siempre pero no das soluciones", en alusión a la supuesta urgencia de contrataciones.

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