jueves. 28.03.2024

El ex presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, se ha declarado inocente de cohecho y se ha considerado víctima de "escarnio" después de que el juzgado de instrucción número dos de Cambados (Pontevedra) acordase abrir juicio oral contra él, su mujer y un ex diputado del PP. Sobre este caso, vinculado a los supuestos sobrecostes cobrados en los alquileres de tres bajos comerciales en Vigo, ha criticado las "formas", puesto que se enteró de esta decisión por la prensa, y se ha preguntado en una conferencia ante los medios de comunicación celebrada en Santiago si "queremos justicia o ajusticiar" a Rafael Louzán en una causa sin acusación popular y en la que ha criticado la postura del Ministerio Fiscal, que debería regirse por "pruebas fehacientes, documentales, y no por otro tipo de cosas".

 

El actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol ha recurrido a un símil deportivo para apuntar que este es un "partido de doble vuelta" en el que no hay vencedor, ni ganador, puesto que es la ida y en ella se ha visto que irregularidad "ninguna", algo que cree que se clarificará "de manera incluso más rotunda" con la celebración de esta vista.

 

Se me quiere "juzgar por ser quien fui", aunque "no estamos delante de un caso que se derive de mi gestión pública", ha dicho, y se ha mostrado "plenamente convencido" de la legalidad de todas las actuaciones, además de que todos los testimonios "sin excepción" han sido exculpatorios, de manera que Rafael Louzán lamenta el hecho de "usar a una persona como escarnio" por una acción dentro del ámbito privado. Se ha visto, asimismo, como blanco de una "pena de telediario", fruto de una denuncia anónima para "ensombrecer" su gestión, y se siente inmerso en una "secuencia casi de película", motivo por el que le gustaría conocer "qué interés hay en este tipo de proceder".

 

No obstante, está "muy tranquilo, absolutamente, no puede ser de otro modo si de verdad hay justicia". La Fiscalía solicita para Rafael Louzán un año de cárcel, la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses y el decomiso de los tres locales, cuya propiedad comparte con su esposa, María Teresa Cores. Para ella, a la que el fiscal considera como "cooperadora necesaria" para que el expresidente de la Diputación cometiese presuntamente el delito de cohecho pasivo, pide el Ministerio Público nueve meses de prisión y catorce meses de suspensión de empleo y cargo público.

 

El exdiputado del PP Severino Reguera, por su parte, está imputado como presunto autor de un delito continuado de cohecho impropio, por el que el fiscal solicita que sea condenado a un año de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha señalado como órgano competente para el enjuiciamiento al tribunal de jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

 

El caso tienen su origen en el año 2008 cuando el expresidente de la Diputación y su esposa reservaron cinco bajos comerciales en la calle Teixugueiras de Vigo, comprando finalmente tres por 460.122,50 euros más IVA y cediendo los otros dos a Reguera y a su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera prestó a Louzán casi 104.000 euros. Tras la compra, la esposa de Rafael Louzán firmó un contrato privado con la empresa Brunopán, de la que es administrador Severino Reguera, para alquilarle sus tres locales por diez años, a un coste de 3.584 euros anuales más IVA.

 

Tras alquilar los locales, Severino Reguera los unió con los dos suyos, pasando a ser un bajo único, un movimiento empresarial que según el fiscal acredita que "el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos", algo que Louzán ha rechazado.

 

Un informe de la Guardia Civil concluyó que en esa zona los precios medios del alquiler se sitúan entre 6 y 12 euros el metro cuadrado, pero los bajos que Louzán y su esposa alquilaron al diputado del PP llegaron a costar 16,4 euros el metro cuadrado. En base a esos precios, el fiscal calcula que entre los años 2008 y 2013 la sociedad Brunopán pagó al matrimonio 89.026,74 euros más del precio medio de los locales en esta zona, un "premio injustificado" para Louzán y su mujer.

 

El fiscal de delitos económicos concluye que Louzán y su esposa compraron los tres bajos de Navia "sabiendo desde el principio" que el precio de compra y la hipoteca iban a ser pagados por la empresa de Reguera, quien ejercía cargo político tanto en la Diputación como en el PP y cuya "proyección" dependía de Louzán.

 

Opina el fiscal que fue un "trato de favor" de Severino Reguera al entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la provincia tras una compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa, sabiendo estos últimos desde el principio que el precio les sería abonado por algunas de las empresas de Reguera", algo que Rafael Louzán descarta de plano con información aportada al juzgado.

Louzán se declara inocente de cohecho y opina que es víctima de un "escarnio"