La coalición de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha lamentado hoy "la actitud irresponsable" de la Xunta que, en lugar de asumir sus obligaciones, "se lava las manos" con respecto al traslado de la fábrica Ence en la ría de Pontevedra, una imposición judicial de la Audiencia Nacional.
Una sentencia judicial de la Sala del Contencioso de este tribunal, como resolución a un recurso interpuesto por la Asociación 'Salvemos Pontevedra', ha estimado parte de la demanda y ha exigido la "incoación del expediente de caducidad de la concesión y la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y la suspensión de uso y explotación de las instalaciones", informa AGE en un comunicado.
Por ello, ha puntualizado que la diputada Consuelo Martínez presentó hoy una pregunta en Comisión parlamentaria al Gobierno para conocer las acciones que tenía previsto llevar a cabo, con el fin de que el Estado cumpliera con la sentencia. Además, cuestionará si ya está iniciado el expediente de caducidad de la concesión y qué medidas se están a adoptar para la paralización de las actividades y para las suspensión del uso y explotación de las instalaciones, "tal y como obliga la sentencia", ha dicho.
AGE recuerda que la respuesta dada por el director General de Infraestructuras, Francisco Menéndez, fue la muestra de confianza en las decisiones del Gobierno de España, pero que "se lavó las manos" al respecto de iniciar algún tipo de acción para garantizar su cumplimiento. "Una vez más la Xunta se desentiende de sus obligaciones con nuestro país y optar por mirar hacia otro lado cargando toda la responsabilidad en el Gobierno del Estado, obviando su responsabilidad a la hora de que se cumplan sentencias que afectan a nuestro territorio", concluye la nota.
