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La Fiscalía mantiene la inhabilitación y la defensa proclama la inocencia de los ediles

Lunes, 19 Mayo 2014 17:02
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La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de 9 años de inhabilitación para siete ediles del grupo de Gobierno de Santiago, acusados de prevaricación por acordar el pago de la defensa de otro concejal imputado en la Pokemon, mientras la defensa de los procesados ha proclamado su inocencia al término del juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 1.

 

La vista oral, que se celebró casi ininterrumpidamente desde esta mañana, ha quedado vista para sentencia con las conclusiones del fiscal y la defensa, después de que hubiesen testificado los concejales y otros siete testigos propuestos por las partes. El juicio comenzó hacia las 10:45 horas de hoy y, tras prestar declaración los siete concejales imputados y los testigos -dos de la Fiscalía y cinco de la defensa-, después de un breve receso se presentaron las conclusiones del caso.

 

Los siete concejales del PPdeG del Gobierno de Santiago de Compostela se sentaron en el banquillo por haber acordado en mayo de 2013 que el Ayuntamiento sufragase con sus fondos la defensa del compañero de la Corporación municipal, Adrián Varela, imputado en la llamada operación Pokemon. Los concejales juzgados por adoptar este acuerdo, que al final no se materializó puesto que Varela renunció a costear su defensa con cargo al erario público, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello.

 

Todos los concejales han coincidido ante el tribunal en considerar legal su actuación, que justificaron con informes jurídicos, en contra del criterio de la Fiscalía, que ha indicado que se habían explicitado unos condicionantes para pagar la defensa al edil que no fueron tenidos en cuenta. En todo caso, María Pardo, portavoz del Gobierno local, aún considerando que fue legal el acuerdo, llegó a manifestar que en un primer momento le pareció "un error político enorme" la solicitud del edil imputado en la Operación Pokemon de pagar con fondos públicos su defensa.

 

No obstante, subrayó que la junta de Gobierno, que adoptó el acuerdo, no podía prejuzgar si Varela era inocente o culpable, y que únicamente se reconocía hacia él su derecho a la defensa. Esta fue la posición mantenida en todo momento por los concejales, que insistieron, además, en que ellos no habían redactado el acta final del acuerdo y consideraron que su voluntad expresa era la de incorporar el informe del secretario que advertía de los condicionantes. El secretario indicaba en su informe las condiciones establecidas por el Tribunal Supremo para abonar la defensa de un cargo público, esto es, que estuviese en ejercicio, que su actuación no fuese un abuso o desvío de poder y que la sentencia fuese absolutoria.

 

La fiscal en sus conclusiones finales ha insistido en que los ediles cometieron un delito de prevaricación al aprobar el acuerdo porque "va más allá" de abonar la defensa a su compañero que está inmerso en un caso de "corrupción", por lo que los ediles deberían haber sido especialmente cuidadosos del dinero y de los intereses públicos. En su alocución final, la fiscal insistió en pedir la inhabilitación especial de estos siete concejales para seguir defendiendo los intereses públicos, "ya que no lo hacen". El responsable de la defensa de los siete ediles ha pedido su libre absolución ya que entiende que el acuerdo adoptado fue "absolutamente legal", según los distintos testigos de la propia defensa, por lo que no puede ser "injusto ni arbitrario" y, por lo tanto, no puede tratarse de un caso de prevaricación, en su opinión.

 

Los testigos que comparecieron a petición de la Fiscalía, el exsecretario y la exinterventora, tienen un contencioso con el ayuntamiento, por lo que la defensa pidió que no comparecieran, algo que no fue tenido en cuenta por el juez. Han coincidido en señalar que el acuerdo adoptado podría generar un vínculo entre el abogado designado por Varela y el Ayuntamiento. Los testigos aportados por la defensa, el actual secretario, el vicesecretario, el interventor y dos asesores jurídicos de la Diputación de A Coruña han insistido en la legalidad del acuerdo.

 

El secretario ha dicho que en su conciencia "no hay ninguna duda" de que el acuerdo es legal y ha reconocido que Adrián Varela no conocía el contenido exacto de su informe, que contenía los condicionantes, aunque previamente le había dicho verbalmente que tenía derecho a que el ayuntamiento financiase su asistencia jurídica. El vicesecretario, que estaba presente en la junta de gobierno de mayo de 2013 que adoptó el acuerdo, ha dicho que no recuerda que hubiese debate entre los concejales o preguntas sobre la legalidad, como sí afirmaron varios ediles en sus declaraciones.

 

Además, el interventor, que se incorporó en septiembre de 2013 al ayuntamiento, ha afirmado incluso que este acuerdo era "innecesario" para el pago posterior del abogado ya que tendría que haber otro informe para iniciar el expediente de pago, algo que finalmente no se produjo tras la renuncia de Varela. Siguiendo el juicio estuvo el alcalde compostelano, Ángel Currás, y también acudió su antecesor, Gerardo Conde Roa, que abandonó la corporación tras ser acusado de un delito fiscal.

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