El alcalde de Santiago, Ángel Currás, se encuentra, tras la dimisión de nueve concejales, en la difícil situación de recomponer en las próximas horas el gobierno local, en manos del PP, partido al que las elecciones municipales de 2011 le dieron mayoría absoluta.
Esta mañana, siete concejales del grupo de Gobierno presentaron, por imperativo legal, su renuncia a las actas, después de ser condenados a 9 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por haber decidido en Junta de Gobierno pagar con fondos públicos la defensa de un compañero, Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon, que investiga supuestas prácticas corruptas en concesiones municipales.
El propio Varela comunicó por sorpresa su renuncia la pasada semana, el mismo día en el que supo que debe prestar declaración por la presunta comisión de otro delito.
Por esta segunda causa, deberá responder ante la Justicia el próximo día 13, tras la querella que presentó la CIG contra él por un supuesto intento de despido a la esposa del delegado de este sindicato en el Ayuntamiento, una tentativa recogida en las escuchas incorporadas al voluminoso sumario de la Pokemon.
El alcalde compostelano, doblemente imputado, en la Pokemon y en otra causa abierta por el acoso a un policía, ha señalado esta mañana que la gobernabilidad está "garantizada" y que "vamos a seguir al frente de este barco".
Para ello, lleva todo el día, según fuentes municipales, contactando y reuniéndose con los últimos miembros de la lista con la que el PP se presentó a los comicios locales.
Pero, para completar su Gobierno, no le llega la candidatura, por lo que tendrá que recurrir a concejales no electos en los que buscará un perfil "técnico", ha concretado el propio Currás.
El alcalde compostelano no ha querido contactar antes con personas que no figuraban en la lista porque estaba convencido de que los siete concejales finalmente condenados iban a ser absueltos.
Ángel Currás, que sustituyó en el cargo a Gerardo Conde Roa, quien tuvo que dimitir tras ser imputado y luego condenado por un delito fiscal, también ha subrayado que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, de viaje oficial en Japón, está informado "plenamente" de los pasos que se han dado tras la condena de los siete miembros del grupo de Gobierno.
Cuando Currás hablaba a la prensa de su solución para hacer correr la lista e incorporar a concejales no electos para completar su equipo, todavía no se sabía que otra concejal, Rebeca Domínguez, le había anunciado verbalmente que dejaría sus responsabilidades.
De esta manera, a la espera de que Domínguez formalice su marcha, que según fuentes municipales no trastoca los planes del alcalde, el gobierno local, que contaba con trece concejales, pasará a tener temporalmente cuatro. Al menos, mientras Ángel Currás no completa su equipo de Gobierno.
Rebeca Domínguez indicó esta tarde en un comunicado que tomó su decisión con la intención de iniciar una nueva etapa fuera de la política municipal.
Esta concejala se incorporó al grupo de gobierno en abril de 2012, cuando corrió la lista tras la dimisión un año después de las elecciones municipales del entonces alcalde Gerardo Conde Roa.
La edil, que se encargaba en un principio de la cartera educativa y últimamente de Xuventude y Normalización Lingüística, fue imputada por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en la operación Pokemon, y desde el primer momento se quejó del trato recibido por el alcalde, que pretendía, según ella, que firmase documentos con los que no estaba de acuerdo.
De esto mismo se lamentó el dimitido Adrián Varela, que ante la jueza instructora de la operación Pokemon Pilar de Lara se refirió al "trato vejatorio" que dio Ángel Currás tanto a Rebeca Domínguez como a él, según trascendió de las escuchas de la Pokemon.
En medio de todo este embrollo judicial, los siete concejales condenados por prevaricación, que ayer mantuvieron una reunión de más de dos horas en la sede del PP gallego, comparecieron esta mañana para anunciar que presentarán de forma urgente un recurso ante la Audiencia Provincial y argumentar que el único motivo de su renuncia es un imperativo legal de la Junta Electoral que impide que sigan en sus cargos.
