El activista septuagenario Nicanor Acosta ha asegurado hoy, antes del juicio por una multa que le pusieron en una concentración de afectados por las preferentes, que estas sanciones suponen una "represión a los movimientos sociales".
El juzgado de lo contencioso administrativo número tres de A Coruña ha acogido el proceso de Acosta contra la Administración por la multa de 120 euros impuesta por unos hechos presuntamente ocurridos el 20 de junio de 2013. Recurre este activista la sanción, que fue abonada por los afectados por las preferentes que habían convocado aquella concentración, porque la considera una "represión" a "los movimientos sociales" ya que se la pusieron en una jornada en que los preferentistas defendían "su dignidad", según ha comentado a través de su megáfono.
Acosta, que ha asegurado que no solivianta "a las masas" como dice la sanción, ya se enfrentó a un proceso similar en octubre de 2015, cuando lo multaron por participar en una iniciativa contra un desahucio de una octogenaria, y entonces el juzgado le dio la razón. La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Preferentes, Ana Cedeira, ha explicado a los medios de comunicación durante la concentración de casi medio centenar de personas que han arropado a Acosta, que este está acusado "de ser el que dirigió el corte de tráfico y la concentración", por lo que no solo tiene que pagar una sanción de 120 euros, sino habrá de hacer lo propio con otra de 360.
"Él no dirigió la concentración, la plataforma era quien dirigía esas concentraciones", ha declarado, y ha añadido que estas movilizaciones se notificaron y nunca hubo nada fuera de ley. Ha mantenido que cada una de las multas que fue impuesta a los afectados por las preferentes, que suman 20.000 euros, ha sido desestimada o devuelta, pero cree que en este caso iban a por ellos y también contra Nicanor, que fue Republicano de Honor en 2015.
"Todos los preferentistas de la Plataforma de A Coruña han recuperado sus ahorros, pero reclaman su dinero los que no lo tienen todavía, que no tengan miedo a denunciar. De Novagalicia aún quedan por devolver cien millones de euros", ha continuado sobre la problemática de este colectivo. El juzgado ha acogido la vista en la que el demandante, Acosta, ha intentado demostrar que no fue responsable de los hechos que se le imputan en la sanción remitida por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.
