La Policía Autonómica accedió hoy finalmente al interior de la vivienda ubicada en el lugar de Ombreiro, en el municipio de Lugo, para ejecutar la orden de demolición dictada por la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Esto sucedió en último término a pesar de la oposición de los propietarios y de medio centenar de vecinos que se concentraron para apoyarlos.
A primera hora de la mañana, antes de la llegada de una veintena de agentes de la Policía Autonómica, ya se había congregado en la finca en torno a medio centenar de vecinos, que estacionaron sus vehículos en el acceso a la vivienda, para impedir que pudiese llegar maquinaria pesada a la casa, que también estaba rodeada por tractores.
Se produjeron momentos de tensión entre los vecinos y los agentes de la autoridad que derivaron en un pequeño forcejeo, un incidente sin mayores consecuencias en el que también se vio implicado el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, que acabó tirado en el suelo. A mediodía, los agentes accedieron a la vivienda. "Al final entraron", explicó uno de los dos propietarios, David López. "Rompieron las cerraduras y entraron", contó a EFE visiblemente emocionado. "Se reafirmó el juez y no aceptó medidas cautelares", explicó, porque "como no es vivienda habitual, aunque yo resido muchas veces en ella, desestimó nuestro recurso".
David López, a pesar del apoyo de los vecinos, quiso dejar claro que "por la fuerza" no iban a oponerse "a la policía". "Nos apoyan, pero tampoco queremos que sancionen a la gente que está aquí. Pero bueno, la gente de momento se queda y no se quiere ir. Nos siguen apoyando", precisó. David López Núñez, copropietario de la vivienda, -la casa también es de su hermana Dolores María-, explicó que el expediente de reposición de legalidad que dio pie a este proceso fue tramitado de acuerdo con las normas urbanísticas del anterior plan general, del año 1991, porque la vivienda está situada en "suelo rústico de protección ordinaria". De hecho, precisó que en el nuevo plan general de Lugo, concretamente en el 5% que todavía está pendiente de aprobación, la calificación de la finca en la que está emplazada esa casa cambia, de modo que sería "perfectamente legalizable". En cuanto a los recursos judiciales presentados, que han sido desestimados, se basan en que el expediente fue tramitado a nombre de su madre, que nunca fue dueña de esa vivienda, dado que era "un bien privativo" de su padre, heredado, a su vez, "de su abuelo".
Al fallecer su padre en el año 2006, fueron los dos hermanos los que heredaron la propiedad, pagaron los impuestos de sucesión y continuaron tributando cada año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento, sin que nadie de la Administración les comunicase la tramitación del citado expediente. Insistió David López en que tanto su hermana como él, en calidad de propietarios de la vivienda que es objeto de ese expediente, deberían haber recibido las correspondientes notificaciones administrativas, pero nunca llegaron porque fue tramitado a nombre de una persona, su madre, que no era la dueña de la casa.
El portavoz municipal del BNG, Rubén Arroxo, afirmó que en este proceso se está ejecutando una demolición "a pesar de que hay una causa judicial pendiente", dado que la "orden de derribo viene a nombre de una persona que no es la propietaria" de la vivienda, en este caso la madre de los dos dueños.
"Lo que pedían los propietarios es que terminase el proceso judicial, pero aquí primero se dispara y luego se apunta", lamentó. A pesar de las declaraciones de los propietarios de la vivienda y del portavoz del BNG, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recordó que la orden para proceder a la demolición de la casa es "firme" tanto por vía administrativa como judicial. Los juzgados "ratificaron" las resoluciones de la APLU, dependiente de la Xunta, "en varias ocasiones", precisaron fuentes de la Consellería. Subrayaron que el procedimiento, iniciado en 2004 tras una denuncia del Ayuntamiento de Lugo, tiene la finalidad de "restaurar el ordenamiento urbanístico".
Según el citado departamento de la Xunta, el expediente está a nombre de Raquel Núñez Roibás y no de sus dos hijos, que son los propietarios de la vivienda afectada, porque era "la promotora de las obras". Agregaron que "así fue identificada por la Policía Local de Lugo en 2003", aunque "tanto la vivienda como el terreno" aún siguen registrados a nombre del padre, fallecido en 2006. Los trámites administrativos fueron efectuados "con la madre como interesada, sin que en ningún momento" la mujer alegase "falta de legitimidad", añadieron.
Además, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio precisa que "los interesados son perfectamente conocedores de este procedimiento", dado que "en alguna ocasión fueron los hijos los que recibieron algunas de las notificaciones que se realizaron en estos años". "Concretamente, figuran en el expediente hasta ocho acuses de recibo de notificaciones firmados por la hija de la interesada", incluso "la última, la de la notificación de la ejecución subsidiaria", puntualizaron.
