jueves. 28.03.2024
Justicia | Acoso Inmobiliario

Declara este miércoles la inquilina afectada por presunto acoso inmobiliario

La mujer afectada por un presunto caso acoso inmobiliario en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, y de titularidad de la Xunta de Galicia, declarará este miércoles, 28 de noviembre, en el juzgado de instrucción número dos de Ourense, días antes de que comparezcan los cargos de Facenda de la Xunta de Galicia.

La mujer afectada por un presunto caso acoso inmobiliario en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, y de titularidad de la Xunta de Galicia, declarará este miércoles, 28 de noviembre, en el juzgado de instrucción número dos de Ourense, días antes de que comparezcan los cargos de Facenda de la Xunta de Galicia. En concreto, el titular del juzgado de instrucción ha citado para este miércoles a las once y media a la mujer de 93 años, dando respuesta al requerimiento realizado por el fiscal jefe de Ourense, que había solicitado su declaración "a la mayor urgencia posible" dada su "avanzada edad".

 

Por su parte, los dos cargos de Facenda declararán días después, en concreto el tres de diciembre, después de que se hubiese suspendido su citación inicial, señalada para el pasado 19 de noviembre, por la huelga de la Justicia y al día siguiente lo hará el otro inquilino del edificio, quien deberá personarse el próximo 4 de diciembre. El caso saltó a raíz de las quejas planteadas por la vecina quien denunció deficiencias en el edificio, relacionadas con la falta de mantenimiento del ascensor y de limpieza, hasta el punto de que en la actualidad reside en un hotel.

 

En concreto, el fiscal jefe recoge supuestas coacciones por parte de dos cargos de la Xunta, la secretaria general técnica y de Patrimonio de Facenda, M.P.S.M.H., y el subdirector de Patrimonio, P.J.M.P, a los dos últimos inquilinos del edificio público situado en la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en la confluencia de la Avenida de la Habana con la Plaza de Concepción Arenal, en el centro de Ourense para hacerse con su propiedad. Así, el fiscal acusa a estos dos cargos de extralimitarse en sus funciones tras adoptar medidas "no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones" con el ánimo de "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo". Además, denuncia deficiencias "muy graves" relacionadas con la decisión de no realizar el mantenimiento del ascensor como medida de presión, que continúa sin funcionar a día de hoy, y también relativas a la limpieza.

 

En declaraciones a Efe, el letrado de la inquilina, Roberto Estévez, ha recordado que "a día de hoy" el ascensor continúa "sin funcionar" y la nonagenaria continúa residiendo en un hotel debido a una rotura de cadera que sufrió hace meses y que le impide subir y bajar por las escaleras del edificio. Considera "inadmisible" su situación y ha recordado que desde el 28 de enero el ascensor "sigue sin funcionar" por lo que insta a la Xunta de Galicia a arreglarlo "de forma inmediata" así como a sentarse con los afectados a fin de estudiar "cómo se puede solucionar este problema", circunstancia, que según asegura, por el momento "no han hecho".

Declara este miércoles la inquilina afectada por presunto acoso inmobiliario