Un total de 42 afectados gallegos por la manipulación de los datos de emisiones de vehículos de Volkswagen han presentado hoy reclamaciones individuales ante la dirección de Consumo por vulneración de sus derechos, con el propósito de presionar y movilizar a la administración pública en el asunto.
En representación de los afectados, Antonio Heredero, socio de Balms Abogados en Galicia, que lleva el caso de más de 80 clientes, ha explicado antes de registrar las demandas en la delegación de la Xunta en Vigo que gracias a la presión de la administración, en Estados Unidos los consumidores vieron resarcidos sus derechos.
Ha recordado que en el país norteamericano, Volkswagen accedió a indemnizar con 4.000 dólares a cada afectado y, recientemente, aceptó pagar una multa de 4.300 millones tras admitir oficialmente su culpabilidad en el fraude de las emisiones. Heredero ha indicado que en España, el Ministerio de Industria no presiona, y ha revelado que el fiscal que lleva el asunto en la Audiencia Nacional asegura que en ese departamento ejercen como "una delegación" de la multinacional alemana en España.
Las reclamaciones planteadas ante Consumo fijan la indemnización en aproximadamente un 30% del valor del vehículo, y las cuantías oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros, en función de la gama y la edad de cada unidad.
Considera Heredero que ha habido una "minusvaloración muy clara" del valor de los vehículos afectados por el conocido como 'Dieselgate', partiendo de que la reparación que plantea la compañía implica "pérdida de prestaciones", ya que además de menor potencia, el consumo de combustible se va a "incrementar mucho". Adicionalmente, ha señalado que el grado de fiabilidad de un motor revisado es menor que el que no se toca.
Heredero ha aconsejado a los afectados que se informen y, sobre todo, "que actúen", puesto que "así como en otros casos el tiempo juega a favor, en éste juega en contra, porque los vehículos tienen una duración muy corta". Y a eso, ha añadido, "es a lo que está jugando Volkswagen Europa, a ganar tiempo". La idea, ha abundado, es "interrumpir de alguna manera la prescripción" de la causa por cualquiera de las vías existentes, tanto penales como civiles, o a través de reclamaciones como las presentadas hoy ante Consumo.
