La Fiscalía de Menores no apreció anomalías ni irregularidades tras la investigación abierta a raíz de la denuncia por supuestos malos tratos en el centro de menores Fundación Casa de Caridad de Vigo-Hogar de San José. Así lo dijo hoy en el Parlamento de Galicia la directora general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta, Amparo González Méndez, durante su comparecencia ante la comisión de Sanidad, Política Social y Empleo de la Cámara legislativa gallega en respuesta a una pregunta de la diputada de En marea Eva Solla.
Esta parlamentaria dijo que las denuncias por supuestos malos tratos trascendieron a los medios de comunicación y que un psicólogo del centro ha dado "credibilidad" a los mismas. Presuntamente, destacó Solla, menores del centro habrían supuestamente sufrido vejaciones, desatención y agresiones físicas, y que además se habrían llevado a cabo dentro del centro relaciones sexuales entre menores. La representante de la Xunta afirmó que la Consellería de Política Social "actuó desde el minuto uno" e indicó que de todas las gestiones de la Administración autonómica fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Vigo, "con la que se actuó coordinadamente e informando al Consulado del país de referencia de los menores".
La denuncia de este caso partió del Consulado de Uruguay en Galicia, que entregó en la Dirección General de Familia un vídeo en el que un grupo de menores, entre los que se encuentran algunos internos de dicho centro, denuncian supuestos malos tratos por parte del equipo educativo del centro. Sobre el papel desempeñado por la Administración en este caso, González Méndez señaló que en todo momento actuó "con estricto cumplimiento de las funciones, con absoluta profesionalidad y diligencia, y aplicando la normativa reguladora de protección de la infancia buscando en todo momento el interés superior de los menores".
Así, se refirió al inicio de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Menores, y preció que, "sin embargo, no consta que en base a las mismas se solicitara, por parte de la Fiscalía, ninguna medida cautelar, ni con respecto al centro ni con respecto a la situación administrativa de los menores".
Esta circunstancia, añadió, "nos lleva a intuir que no se detectó la existencia de irregularidades y de ninguna circunstancia que la Fiscalía pueda valorar de entidad suficiente para solicitar la adopción de medidas cautelares". Sobre el funcionamiento del centro, explicó que hubo todas las inspecciones necesarias "para comprobar la adecuada atención a los menores y el cumplimiento de la normativa vigente", y agregó que además las autoridades requirieron al centro corregir "determinadas actuaciones" y aportar documentación administrativa. La directora general de Familia afirmó que después de conocer el caso, la Xunta llevó a cabo tres inspecciones y que en la última, en enero, "consta que se hicieron todos los cambios solicitados en el centro".
