El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas ha decretado este martes el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relacionadas con la existencia de fallecidos por Covid-19 en un centro residencial de personas mayores, concretamente el que gestiona DomusVi en esta localidad pontevedresa.
En la denuncia presentada por la federación de familiares REDE, según indica la jueza, “no aparecen indicios suficientes de la perpetración de delito”, pues “solo refiere la existencia de datos ya conocidos, publicados tanto por la administración como por los medios de comunicación, sin que se aporten datos o hechos concretos”.
Además, sostiene que los enfermos y residentes han estado sometidos a control médico, sin que en ningún momento el personal sanitario haya puesto en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de sospechas de malos tratos.
En la denuncia, según la instructora, se realiza una recopilación sobre la falta de medios materiales y personales en el centro residencial. La jueza indica que esa afectación se ha producido “en todos los ámbitos médicos y asistenciales, no solamente en las residencias de mayores, sino en el conjunto de la sociedad", pero entiende que ello, por sí solo, no supone la existencia de una carga indiciaria que permita la imputación de delitos a personas concretas.
"Ni un solo dato o hecho se aporta que tenga una base indiciaria suficiente para la apertura de un proceso de carácter penal", concluye. El Juzgado de Instrucción 1 de Cangas ha tomado esta decisión el mismo día que ha recibido la causa por el turno de reparto. Las diligencias parten de una denuncia remitida el pasado 30 de marzo por la Guardia Civil.
Aparte de esta denuncia, la federación de usuarios y familiares REDE ha presentado ante la Fiscalía Superior de Galicia otras tres, una contra propietarios y gestores de las residencias donde se contabilizan fallecidos y/o contagiados por Covid-19, otra específica contra los del grupo DomusVi, cuyos centros concentran las mayores tasas de incidencia, y una contra dos altos cargos y una funcionaria de la Xunta.
La Fiscalía Superior de Galicia incoó diligencias preprocesales civiles que remitió a las provinciales y de área para que las incorpore al seguimiento que realizan sobre las residencias de mayores, igual que hizo con otra denuncia formalizada por el Defensor del Paciente.
