El acusado por homicidio en Cedeira (A Coruña) ha declarado esta mañana, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, que cuando se dio cuenta de "a quién había atropellado" perdió el conocimiento y entró en "shock" y que los atestados de la Guardia Civil "dicen mentiras" porque no fue persiguiéndolo por la espalda para matarlo. Los hechos que se juzgan tuvieron lugar en el mes de agosto de 2012 cuando M.C.P. conducía su vehículo por Cedeira (partido judicial de Ortigueira), y, según el escrito de la Fiscalía, divisó a J.J.G.C. y siguió su trayectoria hasta que se le presentó la oportunidad de atropellarlo por ir "caminando por la calzada en el mismo sentido de su marcha".
El informe acusatorio establece que, debido a que mantenían "desde hacía al menos cinco años una intensa enemistad", el procesado sentía un "fuerte resentimiento" y decidió "aprovechar las circunstancias para vengarse de él por todas sus denuncias y demandas". En esta línea, el acusado ha argumentado que "nunca" ha tenido problemas con nadie ni se ha "pegado" porque, según sus propias palabras, "las cosas se arreglan en los juzgados y no matando a la gente", pero ha reconocido que sentía "miedo" por las amenazas que la víctima le profirió, tanto directa como indirectamente, en numerosas ocasiones.
"Él me repitió muchas veces que su hija era jueza y que tenía un yerno Fiscal", ha relatado el procesado y ha añadido que alguna vez lo amenazó con destruirle la vida por tener otro familiar que es "inspector de Hacienda". Precisamente en esto ha hecho especial hincapié su letrado, que le ha preguntado si su sentimiento de miedo no lo llevaba a evitar encontrarse con el atropellado, a lo que el acusado ha respondido que sí, y que incluso alertó a sus hijos porque consideraba que era "una persona peligrosa".
El letrado de la acusación ha afirmado que el acusado salió de prisión por haber cumplido "el tiempo máximo de prisión preventiva", y no porque un tribunal considerase que había sido encarcelado injustamente, y se ha basado en la declaración que prestó el encausado a la Guardia Civil tras lo sucedido en la que "no quiso contestar a preguntas sobre la mala relación entre ambos". En la sesión oral de hoy también han prestado declaración dos de los trabajadores que aquella mañana se encontraban en la zona para mover una estatua de sitio y han testificado que, el que por aquel entonces era su jefe, estaba pendiente de un camión que debía realizar el traslado de una estatua. También han respondido a la pregunta del abogado de la defensa sobre si el lugar donde ocurrió el atropello es una zona "siniestra u oculta", confirmando que está muy "transitada" y más en esa época del año en la que se celebran las fiestas del municipio.
Por su parte, los dos varones que primero acudieron al lugar tras lo ocurrido, un trabajador de un polideportivo y un voluntario de la Cruz Roja, han mantenido que el acusado se encontraba en "claro estado de nerviosismo" y que "estaba ido totalmente", así como que visualizaron el volantazo instintivo que realizó el procesado para "intentar esquivar" algo que no se esperaba hacia la izquierda. El trabajador del polideportivo ha incidido especialmente en esto, y ha subrayado que "si hubiese venido otro coche en dirección contraria habrían colisionado". El yerno del fallecido, y fiscal en Barcelona, ha relatado pormenorizadamente que le extrañó la posición en la que se encontraba el cadáver de su suegro cuando llegó a la escena del accidente y que la Policá Local no estaba recogiendo la información necesaria para transmitirle posteriormente al juez instructor que llevase la causa.
Por este motivo, este testigo ha reconocido que llamaron al Juzgado de Ortigueira para que se personase en el lugar de los hechos la Guardia Civil y diese cuenta de la escena y la información que aportaba sobre el supuesto crimen. Mañana está previsto que continúe el juicio con la tercera sesión oral, en la que participa un jurado popular formado por once personas, y que tendrá que decidir s en acusado es "culpable" o "no culpable". El Ministerio Público pide una pena de 18 años por el delito de asesinato y tres más por obstrucción a la justicia, mientras que el penalista José Luis Gutiérrez Aranguren reclama 20 años de cárcel por homicidio y 4 por obstrucción a la justicia, así como 110.000 euros para la viuda de la víctima y 15.000 para cada uno de sus hijos.
