Una pareja que se vio obligado a demoler la vivienda que había construido en suelo rústico de protección agropecuaria en el municipio lucense de A Pastoriza, se enfrenta ahora a la posibilidad de ser condenada a un año de prisión cada uno de los miembros y al pago de una multa que supera los 3.600 euros, informaron hoy fuentes jurídicas.
La Fiscalía considera que la reforma y ampliación de una cuadra y un garaje que ya existían en la citada finca para transformarlas en un edificio de residencial constituyen un delito contra la ordenación del territorio, con el atenuante de reparación del daño.
Ante el expediente de la Xunta para reponer la legalidad, habida cuenta de que la vivienda había sido construida en suelo rústico de protección agropecuaria y, por lo tanto, era ilegalizable, los propietarios optaron por demolerla. Según la Fiscalía, en agosto de 2016 ambos procedieron a la "demolición a su costa y de forma voluntaria", de modo que "no solo repusieron el terreno al estado previo a las obras, sino que procedieron a la demolición de las construcciones previamente existentes en la finca".
