El ministerio fiscal solicita penas que van desde los ocho años y medio hasta los quince de prisión para cuatro procesados, dos hombres y dos mujeres, que mañana se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por obligar a mujeres sin permiso de trabajo a ejercer la prostitución.
Las víctimas se encontraban, según el fiscal, en una “apurada situación económica, personal y familiar” y carecían de opción “de contravenir las normas de los acusados, a pesar de su carácter extremadamente abusivo, pues las sometían a un estricto control, tanto personal como sobre el dinero que ganaban, del cual se apropiaban en su mayor parte”. Según el escrito de acusación, entre junio de 2011 y abril de 2013, los acusados “se concertaron entre sí a fin de obtener un lucro económico notable mediante la explotación del ejercicio de la prostitución por parte de diversas mujeres de nacionalidad extranjera”, para lo que se aprovechaban de la “apurada situación económica, personal y familiar” en la que se encontraban.
El fiscal precisa que “dicha actividad se desarrollaba” en el club de alterne del que eran propietarios los acusados F.J.R.F y E.J, un establecimiento en las inmedicaciones de Lugo que era regentado por ellos mismos, aunque F.G.C y LM.S.S realizaban las funciones de encargadas. Las mujeres que ejercían la prostitución “en dicho local”, además de “carecer de permiso de trabajo en el país, contrato, alta en la Seguridad Social” u otros “elementales derechos laborales legalmente reconocidos”, como “horarios, jornadas de trabajo, descanso o vacaciones”, padecían “condiciones” de “extraordinaria dureza”, encaminadas a “obtener las mayores ganancias posibles por su actividad”.
Además de los pagos que tenían que realizar a los propietarios de club de forma habitual, “todos los cobros que cada prostituta realizara a los clientes debían de ser entregados íntegramente a la organización formada por los acusados antes de prestar el correspondiente servicio sexual”, precisa el fiscal, y luego F.J.R.F decidía “al final de la noche” que “cantidad de dinero entregaba a cada trabajadora”.
Lo hacía de forma arbitraria y sin que “las mismas pudieran mostrar su desacuerdo”, dado que sufrían en caso contrario, “amenazas, insultos y represalias”, como obligarlas a mantener relaciones con los “clientes más desaliñados” o incluso con agresiones físicas. El fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de dos delitos relativos a la prostitución, un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de trata de seres humanos, por los que pide para cada uno de los acusados penas que oscilan entre ocho años y medio y quince años de cárcel. El juicio se celebrará mañana, día 19 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Lugo.
