Un hombre acusado de los delitos de distribución de pornografía infantil y posesión de material pedófilo para su propio uso ha aceptado una pena de dos años de cárcel y una multa de 900 euros, tras reconocer los hechos en la Audiencia Provincial de Lugo en virtud del acuerdo alcanzado por su defensa con la Fiscalía, que inicialmente pedía para él una pena de diez años de reclusión.
Según informó a los medios de comunicación el abogado de la defensa, José Gutiérrez Aranguren, el acusado no tendrá que entrar en la cárcel, dado que el acuerdo con la Fiscalía implica que el ministerio público no se opondrá a “la suspensión de la condena”.
Para alcanzar ese acuerdo, se ha retirado del escrito de acusación de la Fiscalía la referencia “a la edad de las menores” que aparecían en el material pedófilo intervenido, “porque no hay evidencia de que fuesen menores de trece años”. Además, se tuvo en cuenta “la colaboración del acusado en el esclarecimiento de los hechos investigados” y la “dilación de seis años desde que se produjeron los hechos hasta que fueron juzgados”.
Según el escrito de acusación del ministerio público, los hechos sucedieron entre noviembre de 2013 y junio de 2014, cuando el acusado supuestamente compartió pornografía infantil a través de las redes sociales, para lo que hizo uso de su propia tarifa de datos, pero también de las conexiones de la autoescuela en la que estaba realizando un curso y de la wifi de dos establecimientos de hostelería de Taboada.
Los investigadores comprobaron que el acusado compartió al menos tres vídeos de menores practicando sexo con adultos, a través de un perfil de Facebook, del WhatsApp y del Twitter.
Posteriormente, el 9 de junio de 2014, se produjo un registro en el domicilio del sospechoso en el que la Guardia Civil intervino cinco teléfonos móviles, un disco duro externo, un CD y una caja de disquetes.
En esos dispositivos de almacenamiento, los investigadores encontraron unos ochocientos archivos de pornografía infantil. El fiscal pedía inicialmente para el acusado nueve años de prisión por un delito continuado de corrupción de menores, en la modalidad de difusión de pornografía infantil con menores de 13 años, y otro año de reclusión por la posesión de material pornográfico infantil para su propio uso. También solicitaba que el procesado estuviese durante trece años en libertad vigilada.
