El Juzgado de Instrucción 3 de Ourense ha aplazado al 15 de marzo la citación de la mujer que denunció al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar. En esa fecha está citado también el presidente de la institución orensana, ambos en calidad de investigados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias al que la jueza añadió con posterioridad la condición de perjudicada por un delito de acoso sexual.
Según han comunicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jueza ha acordado aplazar la declaración de la mujer, que acusó a Baltar de ofrecerle supuestamente un puesto de trabajo en la institución provincial a cambio de mantener relaciones sexuales, por encontrarse "enfermo" el letrado que representa al mandatario orensano. De esta forma, tanto la denunciante como el político popular están citados el mismo día 15 de marzo, en calidad de investigados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y presunto acoso sexual.
En primer lugar, lo hará ella a las diez de la mañana, y Baltar ha sido citado a las doce y media. Los dos acusados tendrán que comparecer después de que la jueza desestimase recientemente los recursos de reforma presentados tanto por el político orensano como por el Ministerio Público.
En este caso, Democracia Ourensana podrá incorporarse a la causa después de que la jueza aceptase la personación de sus dos diputados en esta causa abierta al presidente de la Diputación de Ourense después de abonar la fianza de 9.000 euros. La citación de Manuel Baltar había sido aplazada del día 10 al 15 de marzo después de que fuese aceptada la aportación por su parte de documentos mercantiles de fecha anterior a la resolución que acreditan pagos para la realización de un viaje a Eurodisney.
En lo que respecta a la causa, la jueza sostiene que "el hecho de que en el momento del acuerdo aún no fuera posible precisar en qué consistía la acción u omisión no impide valorar como constitutivo de delito cualquier acto que tendiera a facilitar la obtención de un trabajo" por la denunciante. Entre esos actos, alude a "omitir el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad o funcionario.
Ello sin perjuicio en su caso de la calificación como delito de tráfico de influencias dada la relación del denunciante con el presidente de la Diputación, que también se compromete a proporcionarle un trabajo", una promesa, añade, que presuntamente "se mantiene durante el año 2012, siendo ya el denunciado presidente de la Diputación".
