Diez acusados de un delito contra la salud pública por actividades de transporte, distribución y venta de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, en la zona de Verín, han negado, en la mayor parte de casos, su implicación en los hechos y, han alegado, en algunos casos, consumo propio y también problemas económicos. De los diez acusados, ocho de ellos han defendido su inocencia, en el primero de los cuatro días que ha reservado la sala de la Audiencia Provincial de Ourense.
Sólo dos de ellos, se han declarado culpables, confesiones que han atribuido a problemas económicos o consumo propio, aunque se han mostrado disconformes con la pena solicitada por la fiscalía. Los diez acusados se enfrentan a penas que suman 57 años de cárcel por delitos contra la salud pública en la modalidad de "sustancias que causan grave daño contra la salud".
Además, a uno de los hombres se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas. Los hechos se enmarcan en 2010, cuando a raíz de una investigación por otra causa, la policía tuvo conocimiento de la existencia de un posible grupo que se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en la zona de Verín.
En su escrito, la Fiscalía sostiene que un vecino de Pontevedra , JA.D.G, que actuaba como cabeza de esta trama, se dedicaría al tráfico de estupefacientes "a mediana" o "gran escala" con ayuda de otras personas que actuarían de colaboradores. Para ello, funcionarían con dos grupos diferenciados.
Los investigadores creen que otros cuatro imputados C.D.S y su pareja V.A.D y los hijos de la primera J.M.D y V.M.D, eran quienes supuestamente vendían las sustancias conseguidas por MA.G.M, quien actuaría de "nexo común" y con el que colaboraban los también acusados AJ.G, JL.B y J.A.V. Durante la sesión de hoy, la mayoría ha reconocido únicamente consumo de sustancias estupefacientes. En concreto, uno de ellos, quien ha admitido que es consumidor de "cocaína, hachís y alcohol"; ha confesado ponerse de acuerdo con amigos suyos para comprar porque "salía más barato" pero en ningún caso para vender.
Uno de los acusados, Ángel L. C. ha explicado que, "a raíz de la crisis" y de los problemas económicos acuciados por la falta de trabajo, comenzó a comprar "al primero que había". No obstante, la defensa ha insistido en que está en tratamiento para dejar las drogas, como atenuante. Tan sólo M.A.G. ha reconocido que llegó a ser vendedor y consumidor de cocaína aunque ha negado que el arma hallada en una finca fuese suya. Los agentes policiales, que prestaron declaración, han atribuido a M.A.G. el papel de suministrador y han relacionado a todos ellos su implicación en el tráfico de drogas.
Para refrendar esta afirmación, uno de los inspectores que participaron en la operación ha recalcado que todos ellos "tomaban medidas de seguridad" para poder llevar a cabo sus "actividades ilícitas" y que cree que ha quedado evidenciado en las intervenciones telefónicas. Además, ha detallado que ninguno de ellos tenía "otro medio de vida". La sustancia estupefaciente fue hallada tanto en casa del clan familiar como en uno de los coches registrados. En un primer momento, fue investigado en relación con estos hechos un policía, para quien el Ministerio Público pidió el sobreseimiento al considerar que solo era consumidor de cocaína y que compraba a alguno de los acusados.
Las defensas, que han pedido la nulidad de las actuaciones antes de comenzar el juicio, han solicitado la libre absolución para todos ellos y, en caso de condena, la rebaja en uno o dos grados la resolución por existir "circunstancias atenuantes". El juicio continuará mañana con nuevas declaraciones testificales.
