La mujer de 93 años afectada por un presunto caso acoso inmobiliario en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, de titularidad de la Xunta de Galicia, tendrá que esperar nuevamente debido a la ausencia de uno de los abogados de la Xunta de Galicia, que no se personó en el edificio judicial.
La declaración estaba prevista para las once y media de esta mañana pero finalmente el titular del juzgado de instrucción número dos decidió suspender la testifical debido a la ausencia del abogado del subdirector xeral de Patrimonio, coinvestigado en esta causa, junto a la secretaria xeral técnica de Patrimonio. Tal y como han indicado fuentes consultadas, la declaración se retrasará finalmente hasta el 13 de diciembre, después de que pasen por sede judicial los cargos de la Xunta investigados así como el otro inquilino del inmueble.
En concreto, la declaración de los dos cargos de Facenda está fijada para el día tres de diciembre, después de que se suspendiese también, en este caso por la huelga de la Justicia, mientras que el otro inquilino deberá personarse por estos mismos hechos, al día siguiente. El caso saltó a raíz de las quejas planteadas por la vecina quien denunció deficiencias en el edificio, relacionadas con la falta de mantenimiento del ascensor y de limpieza, hasta el punto de que en la actualidad reside en un hotel.
En concreto, el fiscal jefe acusa a los dos funcionarios de extralimitarse en sus funciones al adoptar medidas "no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones" con el ánimo de "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo". De hecho, alude a deficiencias "muy graves" relacionadas con la falta del mantenimiento del ascensor, que continúa sin funcionar a día de hoy, y de la limpieza, lo que ha obligado a la inquilina a residir en un hotel debido a sus dificultades de movilidad.
